Policías y guardias civiles se encierran en la Secretaría de Estado de Seguridad por la jubilación: el Gobierno pone fin a la negociación por las elecciones del 29-N

El Ministerio del Interior tenía previsto entregar una propuesta final el próximo 12 de noviembre, fecha que quedó invalidada tras el anuncio del adelanto electoral

Imagen de archivo de 2024 de asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional en una de las reuniones con la Secretaría de Estado de Seguridad. (Europa Press)
Imagen de archivo de 2024 de asociaciones de Guardia Civil y sindicatos de Policía Nacional en una de las reuniones con la Secretaría de Estado de Seguridad. (Europa Press)
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Representantes de sindicatos de la Policía Nacional y de asociaciones de la Guardia Civil se han encerrado este martes por la tarde de manera indefinida y pacífica en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad (SES), en la calle de Amador de los Ríos, en Madrid, tras el fracaso de la reunión que debía cerrar un acuerdo sobre jubilación anticipada para ambos cuerpos.

El encuentro, al que acudieron representantes de las organizaciones profesionales y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, terminó sin acuerdo. Según han publicado distintos sindicatos en sus cuenta de X, el Ministerio del Interior ha comunicado que la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre pone fin a la mesa de negociación sin posibilidad de cerrar los compromisos pendientes.

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La protesta cuenta con el respaldo de Jupol, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP), así como de Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Jucil, ASESGC, APC, IGC y AEGC por parte de la Guardia Civil. En un comunicado conjunto difundido a través de redes sociales, los convocantes señalan que llevan “casi un año de reuniones y promesas”. “Necesitamos compromisos concretos y soluciones”, aseveran.

Imagen difundida por los sindicatos de policías y guardias civiles en redes sociales.
Imagen difundida por los sindicatos de policías y guardias civiles en redes sociales.

Las negociaciones entre el Ministerio del Interior y los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil buscaban avanzar en dos frentes vinculados a la jubilación: por un lado, la aplicación de coeficientes reductores del 0,20 por cada año de servicio efectivo, que permitirían adelantar el retiro hasta cinco años, desde los 59, con la menor pérdida posible de poder adquisitivo; por otro, una mejora de las pensiones de quienes están en el Régimen de Clases Pasivas, con una propuesta que elevaría la cantidad hasta los 39.000 euros anuales para el grupo C1 y a la pensión máxima para el grupo A2. A esto se sumaba una tercera demanda pendiente, el reconocimiento de ambos cuerpos como profesión de riesgo, figura de la que ya gozan las policías locales y autonómicas.

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El Ministerio del Interior tenía previsto entregar una propuesta final el próximo 12 de noviembre, fecha que quedó invalidada tras el anuncio del adelanto electoral realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pese al intento de adelantar el encuentro para evitar que los comicios bloquearan el proceso, la reunión de este martes terminó con la comunicación de que la mesa de negociación quedaba cerrada sin acuerdo.

El mensaje difundido en redes pide a los agentes destinados en Madrid que respalden la movilización “de forma pacífica y con absoluto respeto”. “Por quienes están dentro. Por quienes siguen de servicio. Por quienes se jubilarán mañana”, apuntan. El encierro se produce frente al Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, y se mantiene de manera indefinida mientras continúa el llamamiento a sumarse a la protesta en Madrid.

El reclamo histórico de la profesión de riesgo

Además de la jubilación anticipada, las organizaciones reivindican desde hace tiempo el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo, una figura jurídica de la que ya disfrutan los cuerpos de policía local y autonómica. Los representantes sostienen que esta diferencia de trato deja a los agentes estatales en desventaja frente a sus pares de otras administraciones, pese a estar expuestos a los mismos riesgos en sus intervenciones.

Las organizaciones convocantes confían en que, con independencia del resultado de las elecciones del 29 de noviembre, el próximo Gobierno retome las negociaciones y lleve a término las medidas pendientes de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un trámite que consideran imprescindible para garantizar la efectividad jurídica de cualquier acuerdo futuro.

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