
Apenas cuatro semanas después de que la ciudad mariana acogiera al papa León XIV en su visita apostólica los días 26 y 27 de septiembre, el estado de alerta máxima ha vuelto a golpear a Lourdes. La prefecta del departamento de los Altos Pirineos, Sibylle Samoyault, firmó el pasado 20 de octubre de 2026 un decreto prefectoral, que prohíbe la celebración de dos procesiones religiosas en la vía pública programadas para este fin de semana.
La resolución administrativa afecta directamente a las marchas organizadas por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) durante su peregrinación anual de Cristo Rey. Al parecer, habría “circunstancias específicas vinculadas a la existencia de amenazas a la seguridad muy graves”, subraya la prefecta.
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Las convocatorias, notificadas por el abad Loïc Duverger el 27 de agosto, estaban previstas para el sábado 24 de octubre, entre las 20:30 y las 22:30 horas, y el domingo 25 de octubre, de 15:00 a 16:30 horas. Sin embargo, a pocos días de su inicio, las autoridades civiles han ordenado cancelar su recorrido urbano. Samoyault señala que “la comunidad católica ha sido y sigue siendo uno de los principales objetivos del terrorismo”.
No pueden garantizar dispositivos policiales por las protestas de estudiantes
El decreto, publicado esta mañana, justifica la cancelación de los eventos por el elevado riesgo de terrorismo yihadista. Francia permanece bajo el nivel de ‘Vigilancia reforzada’ dentro del plan Vigipirate desde junio de 2026. Según la prefectura, la visibilidad de los cortejos en las calles expone de forma directa a los feligreses a posibles actos violentos.
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Al parecer, las fuerzas policiales se encuentran desbordadas por las protestas estudiantiles iniciadas a principios de octubre y los disturbios tras las manifestaciones del 17 de octubre en el país. Por este motivo, la prefectura ha admitido que no dispone de efectivos suficientes para proteger las comitivas sin descuidar el orden público en el resto del departamento, si bien el decreto precisa que no existe una amenaza específica concreta contra la peregrinación.
En su orden, la prefecta Samoyault sugiere que las procesiones podrían trasladarse al interior del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, un recinto equipado con videovigilancia, barreras de protección y controles de acceso que garantizan la seguridad. No obstante, esta alternativa choca con una prohibición eclesiástica previa.
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El pasado 13 de agosto, el obispo de Tarbes y Lourdes, monseñor Jean-Marc Micas, retiró a la FSSPX la autorización para celebrar misas o realizar actos públicos de culto dentro del santuario. La decisión episcopal obedeció a las consagraciones de obispos celebradas en Écône (Suiza) sin mandato pontificio y a la posterior excomunión dictada por el Vaticano, como recoge la información de Infovaticana.
De este modo, aunque los fieles pueden acudir individualmente a rezar ante la Gruta de Massabielle, no pueden realizar actos comunitarios. Así, los peregrinos quedan atrapados en un callejón sin salida: las autoridades civiles les impiden salir a las calles y la autoridad eclesiástica les veta el santuario.
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¿Qué ha decidido la Fraternidad Sacerdotal?
Ante las restricciones, la FSSPX mantendrá su peregrinación trasladando los actos litúrgicos a la Casa San Ignacio, recinto privado de las Pequeñas Siervas de San Juan Bautista. Allí se han habilitado espacios cubiertos para celebrar ocho misas y administrar sacramentos a los miles de asistentes.
La prohibición ha generado malestar en medios católicos como Le Catho, que critica que las autoridades restrinjan el culto en lugar de proteger a los fieles. La medida contrasta con el ambiente festivo vivido un mes atrás durante la visita del papa León XIV, cuando 150.000 personas se reunieron en el santuario y multitud de velas iluminaron la noche durante la procesión de las antorchas. La inacción del obispo Micas ante la prohibición civil reaviva el debate sobre la libertad religiosa de los peregrinos.
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