Pedro Sánchez cuestiona al Supremo por suspender el voto a los beneficiados por la Ley de Nietos: “No estamos a favor ni compartimos la resolución”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado muy crítico con la decisión judicial de suspender de forma cautelar el voto exterior de quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Nietos. “No estamos a favor ni compartimos la resolución del Tribunal Supremo”, ha señalado en una entrevista para el programa Mañaneros de TVE.

El líder del Ejecutivo ha evitado hablar de guerra sucia en los tribunales, como sí deslizó en el pasado curso político tras las recientes imputaciones de miembros de su entorno o el bloqueo judicial a la ley de amnistía. Sí ha arremetido contra el Partido Popular, que junto a Vox han tratado de boicotear la ley argumentando que el Gobierno trata de desestabilizar los procesos electorales a través de sus políticas migratorias. En este sentido, el presidente ha recordado que los de Alberto Núñez Feijóo, con esta ley en vigor desde 2022, ganaron el voto en el exterior, lo que permitió arrebatar a los socialistas un escaño en circunscripciones como Madrid.

“La posición del Gobierno y la Junta Electoral Central (JEC) era positiva, por lo que cabe hacerse una pregunta: ¿Por qué el PP, una ley que lleva en vigor unos cuantos años y bajo la cual se han celebrado elecciones, hoy cambia de posición?“, se ha preguntado. En este contexto, el jefe del Ejecutivo ha acusado al PP de asumir planteamientos reaccionarios, sosteniendo que la ultraderecha y una derecha “cada vez más ultra” se han subido a la ola del bulo del pucherazo. “Cuestionar el sistema democrático español es de una extraordinaria gravedad [...] Hemos pedido que el asunto quede resuelto lo antes posible, y por supuesto, antes de las elecciones de 2027″, ha zanjado.

Hasta 2,4 millones de descendientes de personas obligadas al exilio tras la Guerra Civil, entre 1936 y 1939, o por la persecución franquista, han solicitado la nacionalidad española a través de este cauce. De ellos, más de medio millón ya tienen el expediente aprobado y 306.000 están inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales.

La decisión llegó a raíz del recurso presentado por la asociación ultra Iustitia Europa e impide temporalmente la inscripción en el censo electoral a las personas que ya obtuvieron la nacionalidad española de origen. En las últimas elecciones generales, apenas votó el 10% de los más de 233.688 electores inscritos en el exterior.

El Gobierno sale en tromba contra la decisión

Minutos antes de la entrevista, se ha pronunciado en los pasillos del Congreso el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha ido más allá de estas críticas y ha asegurado que “no tiene encaje constitucional”. “Lo digo con toda esta contundencia. No entiendo cómo se pueden hurtar los derechos electorales de personas que ya tienen nacionalidad española”, ha criticado el representante de Sumar.

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha asegurado a primera hora de la mañana que van a usar “todas las herramientas constitucionales” si se confirma la decisión judicial y ha avanzado que su partido, Más Madrid, pedirá al Defensor del Pueblo un informe en contra de estas cautelares. Del mismo modo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, de la parte socialista del Gobierno, añadía que la decisión del Tribunal Supremo no es “explicable ni acertada”, una afirmación secundada por el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien la ha considerado un “auténtico despropósito”.