
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha pedido "respeto" y "prudencia" al trabajo de la magistrada María Tardón --la jueza que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta-- tras la carta remitida este jueves por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostrando su "preocupación" ante la decisión de Tardón de prohibir al equipo policial que investiga la crisis facilitar información a sus superiores sobre sus pesquisas.
"Toda resolución judicial puede ser objeto de crítica, pero esa crítica debe realizarse con responsabilidad y sin extender mantos de sospecha sobre la independencia o la profesionalidad de quien tiene encomendada una investigación", han expresado desde la asociación judicial.
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La organización ha defendido así la actuación de la magistrada Tardón y describen su trabajo como "diligente, eficaz y plenamente ajustado a las garantías del procedimiento" y por ello insisten en que la investigación "debe seguir su curso con la serenidad y la pulcritud que exige cualquier actuación judicial, sin interferencias ni presiones externas".
Por otro lado, han querido recordar que cuando los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúan en el ejercicio de funciones propias de policía judicial, "su actuación se encuentra sometida a la dirección y control de la autoridad judicial".
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Asimismo, han remarcado que la información obtenida a través de las diligencias de investigación "debe ponerse únicamente en conocimiento de los jueces y tribunales competentes", de conformidad con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "Esta obligación resulta aplicable con independencia del cuerpo policial de que se trate o de la Administración de la que dependa", inciden.
Así las cosas, han querido exponer que "la confianza en la Justicia es un elemento esencial del Estado de Derecho" que se puede erosionar cuando "se cuestiona a los jueces no por cómo ejercen su función, sino porque el resultado o la orientación de sus investigaciones incomodan a determinados poderes públicos".
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En este sentido han puesto en el foco que los jueces tienen que poder investigar con "independencia" y estar sometidos "únicamente a la ley y a las garantías del procedimiento". "Respetar ese principio es respetar la Justicia y, en última instancia, los derechos de todos los ciudadanos", han zanjado.
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