Los rascacielos giratorios imposibles que habrían cambiado Valencia: el proyecto acabó en los tribunales y con 15 millones de euros públicos en un solo bolsillo

Algunos de los grandes proyectos fallidos en España tienen como contexto el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Días atrás hemos hablado del rascacielos fantasma en medio de un secarral en Murcia, abandonado a medio construir. Pero de todos, probablemente el más ambicioso es el que habría cambiado el cielo de Valencia, obra del arquitecto que ya transformó su imagen más reconocible en el mundo con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Santiago Calatrava.

De hecho, se trataba de la guinda a esta complejo, con el que visualmente habría significado un conjunto. Calatraba diseñó tres rascacielos que se habrían elevado muy cerca. Pero el proyecto, presentado en noviembre de 2004, nunca pasó del papel. La Generalitat Valenciana llegó a abonar 15,2 millones de euros por unos planos y unas maquetas que hoy permanecen archivados en las dependencias de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA (CACSA).

La idea surgió en plena euforia inmobiliaria. El entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, flanquearon a Calatrava en la presentación del proyecto en el Palau de la Generalitat. El arquitecto lo describió como una iniciativa de “trascendencia mundial” que vendría a dotar de vida residencial y empresarial al extremo del complejo levantado en el antiguo cauce del río Turia.

308 metros y 80 plantas

El diseño original contemplaba cuatro rascacielos de entre 220 y 280 metros de altura. Meses después, en febrero de 2005, Calatrava presentó una versión revisada que reducía el conjunto a tres torres de 220, 266 y 308 metros, bautizadas con los nombres de las tres provincias de la comunidad: Alicante, Castellón y Valencia. Esta última, con sus 308 metros y 80 plantas, habría superado a la Torre Collserena de Barcelona (288 metros) para convertirse en la construcción más alta de España.

Según el propio arquitecto, las torres adoptarían formas esbeltas y helicoidales inspiradas en las columnas de la Lonja de la Seda valenciana. La estructura giratoria -un sello reconocible en la obra de Calatrava, presente también en su Turning Torso de Malmö (Suecia)- permitiría que cada torre rotara sobre su eje desde la base hasta la cúspide, con una torsión progresiva que variaría la orientación de las plantas a lo largo de la altura del edificio.

Las tres torres se distribuirían en 58, 70 y 80 plantas respectivamente. Cada una tendría un uso diferenciado: una albergaría viviendas de lujo, otra un hotel y la tercera oficinas. El conjunto se completaría con un cuarto edificio horizontal denominado Mediterráneo, un bloque poligonal de ocho alturas destinado a uso mixto, con 112.000 metros cuadrados de superficie residencial y 50.500 metros cuadrados de uso terciario. El presupuesto total de construcción se cifró en 335 millones de euros, aunque otras estimaciones lo situaban en 450 millones.

Hasta una estación de AVE

El proyecto incluía además una plaza cubierta de uso público -descrita por Camps como “la lonja del siglo XXI”- y, en una versión posterior del diseño, una estación del AVE integrada en el conjunto, con la que el arquitecto pretendía garantizar la viabilidad del desarrollo.

El contrato entre la CACSA y Calatrava se firmó en septiembre de 2005, si bien el arquitecto ya había entregado la documentación del anteproyecto tres meses y medio antes, el 2 de junio, por procedimiento negociado y sin publicidad, según reveló posteriormente el texto del acuerdo. Los honorarios pactados ascendían a algo más de 15 millones de euros, equivalentes al 60% del 7,5% del coste total estimado de la obra.

Los pagos, según constató la Fiscalía Provincial de Valencia, se realizaron mediante cheques nominativos en varias fases: 2,6 millones de euros de anticipo el 30 de septiembre de 2005; 137.000 euros por maquetas y planos el 30 de agosto de 2006; 6,2 millones por el segundo plazo del anteproyecto el 30 de marzo de 2007; y otros 6,2 millones por el tercer plazo el 28 de febrero de ese mismo año. La suma total ascendió a 15,2 millones de euros. Los pagos se canalizaron a través de la empresa de Calatrava con sede en Suiza, lo que eximía al arquitecto de facturar el IVA. El propio contrato blindaba esta condición: si una inspección fiscal o un cambio legislativo determinaran que el impuesto debía devengarse, el arquitecto quedaba exonerado de cualquier responsabilidad al respecto.

El suelo era para VPO

El proyecto nació con un obstáculo de fondo que sus promotores políticos nunca resolvieron: los terrenos sobre los que debían levantarse las torres habían sido expropiados para uso público y estaban destinados originalmente a la construcción de 450 viviendas de protección oficial. Reconvertirlos en suelo para apartamentos de lujo y oficinas exigía modificaciones del planeamiento urbanístico que la alcaldesa Barberá prometió gestionar, pero que nunca llegaron a materializarse.

A ello se sumó la ausencia de inversores privados. El proyecto requería un promotor dispuesto a asumir una inversión de más de 335 millones de euros en un desarrollo que, a ojos del mercado, presentaba serias dudas de viabilidad. Según informó El País, seis años después de la presentación de la maqueta, no había ningún promotor dispuesto a asumir el proyecto. El propio contrato contemplaba, como salida de emergencia, la posibilidad de ejecutar las torres “en un emplazamiento alternativo”, una cláusula que evidenciaba las dudas sobre la idoneidad del solar original.

La crisis inmobiliaria que golpeó a España a partir de 2008 enterró definitivamente cualquier expectativa. La Generalitat llegó a plantear la subasta pública de los terrenos junto con el proyecto de Calatrava, pero la oferta nunca se formalizó.

En los tribunales

En marzo de 2011, varios diputados de Esquerra Unida presentaron una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude fiscal. Los parlamentarios cuestionaban que la Generalitat hubiera pagado millones de euros por un proyecto que, según afirmaron, se sabía “prácticamente inviable” desde el principio.

La Fiscalía archivó las diligencias al no apreciar “indicios bastantes de criminalidad”. En su resolución, el fiscal precisó que no existe “la figura delictiva del derroche de dinero público por parte de los gestores de ese dinero”. El archivo del caso fue, no obstante, el momento en que se reveló públicamente la cifra real de los pagos: el Gobierno de Camps había sostenido hasta entonces que solo se había desembolsado el anticipo inicial de 2,6 millones. El despacho de Calatrava se limitó a señalar que no haría “declaraciones al respecto”.

Las torres de Valencia quedaron como maquetas en una sala de CACSA, testimonio de uno de los episodios más polémicos de la relación entre la administración valenciana y el arquitecto más universal de la ciudad.