La derecha europea aprovecha la avalancha migratoria en Ceuta para acelerar la creación de centros de deportación fuera de la UE

La entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ha dado munición a la línea antiinmigratoria en Europa, que se ha subido a la cresta de la catástrofe para reivindicar la mano dura frente a la Europa abierta de Pedro Sánchez. Evitar una nueva “invasión” como la ocurrida el 30 de julio es el principal argumento de varios líderes para pedir que la UE acelere la puesta en marcha de los polémicos centros de deportación externos, una iniciativa que Meloni presentó hace dos años como una “solución innovadora” a la crisis migratoria en Europa.

La propuesta no es nueva, ya que bebe de la abanderada años antes por el gobierno británico de Rishi Sunak, que trató, sin éxito, de llevar buques con migrantes a Uganda para que el país africano acogiese a los migrantes y gestionase sus procedimientos de asilo. Su viabilidad, además, también está en entredicho: dos años después de su anuncio, el proyecto no ha logrado despegar debido a numerosas dudas legales planteadas por los tribunales del país (por el alto riesgo de violaciones de derechos humanos), pendientes aún de resolución por parte del Tribunal de Justicia Europeo.

Pero todo eso no ha sido un obstáculo para sus defensores, quienes insisten en que es una forma eficaz de frenar el tráfico ilegal de personas. En un artículo publicado el lunes por el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, el líder de los populares europeos, Manfred Weber, defendió las expulsiones de “los migrantes que no tienen derecho a permanecer deben abandonar Europa, sin peros ni excepciones”. Y en este sentido, planteó ofrecer a países de fuera de la Unión vínculos comerciales más estrechos, cooperación económica y vías de migración legal a cambio de aceptar esos centros.

Weber presentó el caso de Ceuta como prueba de que la cooperación con países africanos puede funcionar. En su tribuna, concretó que Marruecos readmitió de inmediato a personas que habían cruzado y que nadie pudo seguir viaje hacia el espacio Schengen. Un argumento que se tambalea por su propio peso, ya que fue la propia pasividad de Rabat —que recibe cientos de millones de euros de Europa para controlar la migración— la que permitió que la entrada masiva se produjera sin apenas oposición.

España, aislada en la oposición a los campos de deportación

Los campos de deportación ya han conquistado a la gran mayoría de gobiernos europeos, entre ellos, uno liderado por una socialdemócrata, la danesa Mette Frederiksen. A excepción de Portugal, Francia, Luxemburgo e Irlanda (esta última, por ostentar la presidencia rotativa del Consejo Europeo), 19 líderes firmaron una carta en la que instaron a avanzar “con soluciones basadas en terceros países tan pronto como sea posible”.

Y así está siendo. La Eurocámara aprobó antes del verano el texto del Reglamento de Retornos, que incorporaba, entre otras cosas, los centros de deportación externos. Estos, según rezaba el texto, podrían ser financiados por la UE dentro del próximo presupuesto de 2028, actualmente en fase de discusión y que podría llegar a aprobarse a finales de este año.

Según las nuevas normas será posible trasladar a los migrantes con una resolución de retorno -a excepción de los menores no acompañados- a los denominados “centros de retorno” que estén situados en el territorio de un país que acepte acogerlos en base a un acuerdo con un Estado miembro. La UE asegura que los acuerdos “solo podrán firmarse con países de fuera de la Unión que respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución”. Las reglas incluyen la condición de que las autoridades nacionales informen a la Comisión y a los demás Estados miembros antes de su entrada en vigor”.

En cuanto al ejecutivo europeo de Ursula von der Leyen, la idea también enamora. El comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, ya se ha referido en numerosas ocasiones a esta cuestión y ha mantenido que sería una propuesta “voluntaria” y que estaría sujeta a salvaguardias.

Entre los países que se barajan ya como anfitriones de centros de retorno fuera del bloque estarían Ruanda y Uzbekistan, según adelantó Político a finales de junio. El primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis fijó a grandes rasgos el calendario: “Nuestro objetivo es cerrar los primeros acuerdos para la creación de estas estructuras en 2026 para que estén operativas a partir de 2027”.

El CIDOB (Barcelona Center for International Affairs) ya aseguraba en su momento que los precedentes permiten especular que la puesta en marcha de esos centro “no será fácil”. Los tribunales griegos detuvieron la mayor parte de los retornos previstos bajo el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía; la justicia británica paralizó la entrada en vigor del centro en Ruanda con el argumento de que los “refugiados genuinos” corrían el peligro de ser retornados a sus países de origen. Y los jueces italianos han hecho imposible desplegar los protocolos rápidos en materia de asilo y expulsión que exige el funcionamiento del centro de Meloni en Albania.

El precio también es otro aspecto que tendrán que explicar los Gobiernos que se intenten sumar a esta línea: el CIDOB afirma que se calcula que la construcción del centro británico en Ruanda costó 370 millones de libras y que el coste ascendía a 20.000 libras por persona deportada. Las cifras también son astronómicas en el caso del centro en Albania: se calculaba una inversión total de 800 millones y un coste de 297 euros al día por cada solicitante de asilo alojado, lo que equivale a 10 veces más que si la acogida se hubiera hecho en Italia.

Músculo a Frontex

Otra idea sobre la mesa es la ampliación de la Agencia Europea de Fronteras y Costas, Frontex, hasta los 50.000 efectivos operativos. El planteamiento pasa por que trabajen junto a las fuerzas nacionales y supervisen si los Estados miembros cumplen las normas comunitarias de control de fronteras. Actualmente, el cuerpo permanente de Frontex cuenta con más de 2 000 agentes del cuerpo, según datos de la Comisión Europea.

La UE también debate sobre la ampliación de las competencias de Frontex en los próximos años, en un momento en el que las amenazas híbridas, entre las que también se incluye la migración, están en aumento. Y en el centro del debate está la de Defensa, exclusiva de los Estados, y que implicaría que el cuerpo europeo adquiriese sistemas de drones y antidrones para la vigilancia de las fronteras.

En todo caso, los siguientes pasos en la política migratoria en Europa los marcará el Pacto de Migración y Asilo, que entró en vigor desde este mes de junio y que pretende, a través de un único modelo homogeneizado, otorgar más control en frontera, procedimientos de asilo más rápidos y un mecanismo obligatorio de reparto o compensación económica entre los Veintisiete, que evitará que un país, como le ha pasado a España, tenga que afrontar una emergencia solo.