El río Llerana de Cantabria se queda “completamente arrasado, sin vida” por un vertido ganadero y deja a más de 2.000 peces muertos: su restauración podría durar años

Los agentes del medio natural de Cantabria han recogido a más de 2.100 peces de los ríos Pisueña y Llerana, según ha confirmado EFE. El motivo de este desastre ecológico se habría originado por un vertido ganadero detectado por la Guardia Civil el pasado viernes. Esta acción, como subrayan desde la administración, ha dejado el tramo del Llerena “completamente arrasado, sin vida”, como han confirmado El Diario Montañés.

El vertido, que se localizó en el municipio de Saro, se extendió a lo largo de 6.000 metros de cauce: 4.500 metros en el Pisueña, hasta el puente colgante de Ruda en Santa María de Cayón, y 1.500 metros en el Llerana, donde se ha identificado el origen del problema, según datos de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. Tanto esta institución como la Guardia Civil han confirmado que la contaminación se debió a un vertido de purines procedente de una explotación ganadera.

La indemnización por daños ambientales podría superar los 300.000 euros

La alerta se activó cuando vecinos y pescadores percibieron un intenso olor a alcantarilla cerca de la ribera. Agentes del medio natural y efectivos del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) acudieron al lugar para iniciar las investigaciones. La Consejería de Desarrollo Rural reportó a EFE que el recuento de peces muertos incluye 1.998 truchas y 49 anguilas, además de numerosos ejemplares más pequeños como piscardos y alevines, cuya cantidad resulta imposible de precisar.

El impacto ambiental es especialmente grave en el Llerana, donde, según Ángel Serdio, director general de Montes y Biodiversidad, el cauce ha quedado sin rastro de vida acuática. En el Pisueña, el daño ha sido menor gracias a su mayor anchura y caudal, lo que ha ayudado a disipar la contaminación hacia las orillas y evitó, según la Consejería, que la mancha tóxica alcanzara el río Pas, el principal temor en los primeros momentos tras el siniestro.

Las autoridades han iniciado un expediente administrativo contra el responsable del vertido, cuya sanción, de acuerdo al régimen sancionador de la Ley de Pesca, podría oscilar entre 3.000 y 60.000 euros, más una indemnización por daños ambientales que superaría los 300.000 euros. No obstante, si la investigación penal en curso por un posible delito ecológico prospera, el expediente administrativo quedará en suspenso hasta que se resuelva la vía judicial, tal y como han explicado fuentes del Gobierno autonómico a El Diario Montañés.

La recogida y congelación de muestras de peces y agua contaminada constituye una medida preventiva, para que estén disponibles en caso de requerimiento judicial. Mientras tanto, los agentes del medio natural continúan en la zona vigilando los restos del vertido y retirando más ejemplares muertos que siguen apareciendo.

Un incidente similar al que pasó en 2008

El desastre revive el recuerdo del vertido masivo de 2008 en el río Besaya, cuando la empresa Froxá arrojó amoniaco y causó la muerte de 40.000 peces. En aquel caso, la justicia condenó a la compañía y a técnicos responsables a pagar indemnizaciones superiores a 276.000 euros y a cumplir penas de prisión que finalmente fueron conmutadas por multas.

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Rural ha anunciado que pondrá en marcha un programa específico de recuperación y regeneración para los tramos afectados, que forman parte de la Zona de Especial Conservación Pas-Pisueña. Ángel Serdio ha adelantado que se evaluará si la contaminación retenida, sobre todo en la presa del Pisueña, podría seguir causando daños si el nivel del río aumenta. La autoridad autonómica estudia la viabilidad de extraer el agua contaminada como medida preventiva.

Por el momento, se prevé que el proceso de recuperación ecológica sea largo. Las autoridades estiman que la vuelta a la normalidad en los tramos más afectados puede requerir varios años, una vez se frene el impacto del vertido y se consoliden los planes de restauración ambiental.