
La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el juicio contra los once acusados de integrar una presunta red de adoctrinamiento yihadista que operaba en el entorno de la Mezquita Blanca de Melilla. Durante la sesión, uno de los procesados aseguró que las búsquedas de fusiles de asalto tipo AR encontradas en su historial de internet respondían únicamente a la curiosidad que le despertaban las armas que aparecen en el videojuego Fortnite, y rechazó cualquier vinculación con actividades terroristas.
El juicio comenzó el pasado 2 de junio y se enmarca en la operación antiterrorista desarrollada por la Policía Nacional en octubre de 2022, en la que fue desarticulada la presunta estructura que actuaba en el entorno de la mezquita Assalam, conocida como Mezquita Blanca. La Fiscalía mantiene su petición de penas de entre nueve y quince años de prisión para el predicador de la mezquita y los otros diez acusados, a quienes atribuye la captación y radicalización de jóvenes, incluidos menores de edad, para convertirlos en “soldados de Alá” e incitarlos a cometer atentados.
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Las declaraciones de este martes se producen después de que, en la sesión celebrada el pasado 16 de junio, ocho de los procesados negaran haber captado a menores para el yihadismo y aseguraran que siempre se han opuesto a cualquier forma de violencia. En esta nueva jornada, varios acusados han tratado de rebatir algunos de los principales indicios en los que se apoya la acusación.
Fusiles de asalto en ‘Fortnite’
Durante su declaración, ha explicado que consultó información sobre fusiles de asalto tipo AR porque juega a Fortnite, uno de los videojuegos más populares del mundo. En este título multijugador de acción, un centenar de jugadores compiten en una isla, donde pueden recoger armas de diferentes tipos, construir estructuras para protegerse y enfrentarse entre sí. El objetivo principal es ser el último jugador en pie.
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El acusado también justificó la presencia en su teléfono móvil de propaganda del grupo terrorista Daesh y de vídeos de ejecuciones. Según ha afirmado ante el tribunal, se considera una persona “muy curiosa” y acostumbra a consultar este tipo de contenidos porque le gusta mantenerse informado.
Asimismo, ha negado haber grabado, editado o difundido vídeos del predicador investigado, al que aseguró haber conocido únicamente durante el procedimiento judicial. También sostuvo que durante el periodo investigado no residía en Melilla, sino en Granada, donde cursaba estudios de Odontología.
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Otro de los acusados, que aparece en un vídeo junto a otros procesados y un grupo de niños en la zona de Los Pinares de Rostrogordo, en Melilla, ha negado haber enseñado o entonado un cántico relacionado con la yihad. Según ha explicado, aquel encuentro fue simplemente una excursión con una comida organizada tras las clases de Corán.
Una “yihad deslocalizada” orientada a “sembrar hacia el futuro”
Frente a las explicaciones de los acusados, la Fiscalía mantiene que el grupo desarrolló una estrategia de captación y radicalización inspirada en la ideología de Daesh, aunque sin depender directamente de la organización terrorista. En su informe final, la representante del Ministerio Público definió esa actividad como una “yihad deslocalizada”, orientada a “sembrar hacia el futuro” entre menores de entre ocho y quince años.
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La fiscal sostiene que los once procesados actuaban como una organización perfectamente estructurada y considera que el nasheed ghuraba —un cántico utilizado por grupos yihadistas que llama a combatir a los infieles— era uno de los elementos comunes presentes en las actividades del grupo.

Según la acusación, la estructura estaba liderada por Amin, predicador de la Mezquita Blanca y condenado anteriormente por terrorismo, cuyos sermones seguían la línea ideológica de Daesh e incluían expresiones como “necesito un chaleco antibalas” o “si haces la yihad, habrás muerto por la causa de Alá”. Junto a él sitúa a Rachid, que ya fue condenado en otra causa por enviar combatientes yihadistas a Mali, para quien solicita la pena más elevada: quince años de prisión.
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Bajo el liderazgo de ambos, el resto de procesados desempeñaba, según la Fiscalía, funciones técnicas, logísticas y de edición y difusión de contenidos dirigidos a la captación, radicalización y adoctrinamiento de menores. Por lo que, el Ministerio Público solicita condenas por integración en organización terrorista y, de forma subsidiaria, penas de entre cuatro y cinco años de prisión por un delito de adoctrinamiento terrorista si el tribunal no aprecia la existencia de dicha organización.
Las defensas, por su parte, insisten en que la investigación policial fue de carácter “prospectivo”, niegan que existiera una organización terrorista y sostienen que no hay pruebas concluyentes que acrediten las acusaciones, por lo que han solicitado la absolución de todos los procesados.
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