El negocio de las Next Generation: el 1% de las empresas que más fondos reciben acaparan el 71% del valor total de las ayudas

A medida que España se acerca a la fecha límite marcada por Bruselas para la adjudicación de los fondos Next Generation, agosto de 2026, la presión por ejecutar el máximo posible de estos fondos crece de forma exponencial. Concebidas como respuesta a la pandemia y gestionadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el objetivo de estas ayudas no es solo acelerar la salida de la crisis, sino también transformar estructuralmente la economía española.

Desde su puesta en marcha, el despliegue de los Next Generation no ha estado exento de retos. La arquitectura de los fondos, diseñada bajo una lógica multinivel y combinando transferencias a fondo perdido y préstamos, ha requerido un esfuerzo titánico por parte de todas las administraciones y el tejido productivo para absorber semejante caudal de recursos.

La renuncia del Gobierno a una parte sustancial de los préstamos europeos -más de 60.000 millones- evidencia las dificultades reales para asumir semejante volumen inversor en tan breve plazo. Sin embargo, el reto no es solo cuantitativo. Evaluar el éxito de los fondos exige analizar cómo y hacia dónde se está canalizando el dinero.

Según el análisis realizado por EsadeEcPol, existe una clara desigualdad en la distribución por sectores y, sobre todo, por tipo de empresa. Si bien la suma adjudicada hasta marzo de 2026 -más de 63.400 millones de euros- es notable, la distribución interna de estos fondos está lejos de cumplir con el ideal de capilaridad y transformación inclusiva que prometía el programa.

Concentración extrema en la cúspide

Uno de los hallazgos más contundentes del informe de EsadeEcPol es la concentración extrema en el reparto de las ayudas. El 1% de las empresas beneficiarias de los fondos Next Generation ha recibido nada menos que el 71,4% del valor total adjudicado. Siete de cada diez euros han ido a parar a este pequeño grupo, en su mayoría formado por grandes gestores de infraestructuras, consorcios empresariales y grandes corporaciones industriales.

La mediana empresarial, por el contrario, apenas obtiene una fracción residual de estos recursos -su peso sobre el total adjudicado es del 0,0004%- y solo a partir del percentil 95 se encuentran empresas cuya contribución individual supera el 1% del total.

Este fenómeno no es casual ni privativo de España, pero sí particularmente pronunciado en nuestro país. Por un lado, refleja la inercia de los mecanismos licitadores y la dificultad de la administración pública para capitalizar fondos a través de un tejido dominado por pymes y microempresas, mucho menos preparadas en capacidad técnica y recursos administrativos para acceder a procesos complejos.

Por otro, pone en cuestión hasta qué punto el plan está impulsando una transformación real del modelo productivo, o si, por el contrario, solo está reforzando las posiciones preexistentes de los grandes actores económicos.

Los sectores líderes y los grandes olvidados

En términos sectoriales, la balanza se inclina de forma abrumadora hacia las actividades ligadas a la construcción, que concentran más de 13.000 millones de euros -triplicando a su inmediato perseguidor-. Le siguen a distancia sectores como el comercio (3.900 M€), información y comunicaciones (3.500 M€) y gestión de residuos y aguas (2.400 M€).

El sector de actividades profesionales y científicas, clave para la innovación y la modernización, apenas supera los 2.300 millones. Mientras tanto, sectores vitales para la resiliencia social y la igualdad de oportunidades, como la educación (705 M€) y la salud (567 M€), se sitúan en la cola del reparto y, juntos, no alcanzan el 2% del total ejecutado, un porcentaje que pone en cuestión la apuesta por el capital humano y el bienestar social en el diseño final del programa.

La preponderancia de grandes obras públicas y grandes operadores responde a la lógica de “vías de menor resistencia”: es más sencillo y rápido adjudicar voluminosas partidas a proyectos de envergadura que distribuir la misma cantidad en pequeñas subvenciones a cientos de miles de pymes o entidades locales. Esta inercia ha favorecido, además, a comunidades con mayor músculo institucional y experiencia previa en la gestión de fondos europeos, como Cataluña, Andalucía o la Comunidad de Madrid.

Una estructura de dos velocidades

El despliegue de los fondos Next Generation en España avanza claramente a dos velocidades: una, la de las grandes infraestructuras y proyectos tractores gestionados por corporaciones de élite; otra, la de la microayuda que apenas acaba de rascar la superficie de miles de empresas y entidades sociales con escasa capacidad para competir en este escenario en el que predomina el conocimiento administrativo.

Si el cierre del periodo encuentra a España sin haber corregido este desequilibrio, el riesgo es que la histórica oportunidad se quede a medio gas, consolidando privilegios y dejando intactas muchas de las debilidades estructurales que motivaron la llegada de los fondos en primer lugar. Según Esade, el reto de aquí a agosto de 2026 no es solo gastar el dinero pendiente, sino hacerlo de modo que la transformación llegue a todo el tejido productivo y, especialmente, a quienes más la necesitan.