EEUU autoriza el embargo de bienes españoles por el impago de ayudas a empresas de energías renovables y pone en la mira los ingresos ligados al Mundial 2026

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha autorizado el embargo de bienes del Estado español en territorio estadounidense tras el impago de indemnizaciones a empresas afectadas por los recortes en las ayudas a las energías renovables.

Esta decisión judicial responde a una larga disputa internacional que comenzó en 2010, cuando los gobiernos españoles de la época redujeron las primas e incentivos que habían ofrecido a inversores en proyectos solares y eólicos. Muchas empresas extranjeras, que habían aportado grandes cantidades de dinero convencidas por esas ayudas, se vieron sorprendidas por la modificación de las reglas del juego y llevaron el caso a tribunales internacionales.

La sentencia de Washington autoriza la búsqueda y embargo de activos públicos españoles en todo el país

Esos recortes retroactivos de las ayudas que habían sido prometidas a inversores provocaron decenas de demandas internacionales bajo el amparo del Tratado de la Carta de la Energía (ECT), un acuerdo internacional que protege las inversiones extranjeras en el sector energético.

Los tribunales arbitrales han fallado mayoritariamente a favor de los inversores y, hasta el momento, España acumula más de 27 laudos firmes en su contra. La mayoría de estos laudos, que suman miles de millones de euros si se cuentan intereses y costas, siguen sin abonarse.

La última resolución judicial en Estados Unidos se enmarca en el llamado Caso Watkins, uno de los procedimientos más avanzados en este conflicto. El tribunal, presidido por la jueza Beryl A. Howell, dictó el pasado 10 de abril una sentencia en la que autoriza a los acreedores a buscar y embargar bienes estatales españoles en territorio norteamericano.

Esta sentencia se apoya en el impago de 93 millones de euros, una cifra que incluye la condena principal los intereses acumulados y los costes judiciales. El origen de esta cifra está en un laudo internacional emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversores (Ciadi), que condenó a España a indemnizar a los inversores perjudicados por los cambios normativos. El proceso ha sido liderado por Blasket Renewable Investments, con el apoyo legal del despacho King & Spalding.

El Gobierno español ha intentado, a través de sus servicios jurídicos, frenar la ejecución del laudo y anular los requerimientos de información cursados por los acreedores a bancos, empresas y organismos que mantienen relaciones económicas con el Estado. El tribunal estadounidense, por su parte, ha rechazado estos intentos al considerar que ha pasado un tiempo suficiente desde la condena sin que España haya pagado ni ofrecido garantías.

Por ello, la jueza Howell autoriza a los demandantes a registrar la sentencia en cualquier distrito judicial de Estados Unidos, lo que permite ampliar la ejecución a nivel nacional y facilita la localización de activos en diferentes jurisdicciones. La corte, además, respalda expresamente el uso de mecanismos de descubrimiento de activos, como la emisión de notificaciones judiciales a entidades financieras, empresas privadas y terceros que puedan tener vínculos económicos con España.

El Mundial de 2026 y la selección española, en el punto de mira

La atención de los acreedores está dirigida ahora hacia la actividad de la selección española de fútbol y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sobre todo de cara al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, la resolución supone “un paso decisivo” en la ejecución de los laudos arbitrales internacionales.

Los acreedores consideran que tanto la RFEF como la selección forman parte del Estado español a efectos legales en este procedimiento, por lo que los ingresos que puedan recibir en Estados Unidos pueden ser considerados activos estatales susceptibles de embargo.

Las empresas afectadas han anunciado la puesta en marcha de procedimientos de rastreo de bienes relacionados con la operativa de la selección en el Mundial, lo que incluye transacciones con Adidas, Hilton, Baylor School y la propia FIFA. Estas operaciones están siendo analizadas por los acreedores, que pueden reclamar el embargo de pagos o cobros vinculados a estos contratos, dificultando el margen de maniobra financiera del Estado español. De hecho, la sentencia permite a los acreedores emitir notificaciones judiciales a bancos y socios comerciales para localizar e identificar cualquier activo embargable.

El conflicto de las renovables acumula ya más de 2.300 millones de euros en laudos impagados, una cifra que crece con los intereses y costas judiciales y que amenaza con traducirse en más embargos de activos públicos en distintos países. La resolución del tribunal estadounidense se interpreta como un endurecimiento en la fase de ejecución, permitiendo a los acreedores pasar de la simple identificación de bienes al embargo efectivo para el cobro de las indemnizaciones reconocidas judicialmente. El procedimiento abierto en Estados Unidos podría servir como referencia para otros países donde también se reclaman pagos pendientes por parte del Estado español.