El príncipe Guillermo no suele ser nunca el protagonista de las polémicas en la casa real británica; sin embargo, su situación financiera es siempre tema de debate entre los ciudadanos. Y es que, según ha publicado The Sunday Times, el heredero al trono habría percibido millones de libras procedentes del arrendamiento de una prisión actualmente cerrada por problemas de insalubridad relacionados con la presencia de gas radón.
El foco se sitúa en la prisión de HMP Dartmoor, propiedad del ducado de Cornualles, institución histórica creada en el siglo XIV para garantizar ingresos privados al heredero de la Corona. Desde diciembre de 2023, este enclave penitenciario está alquilado al Ministerio de Justicia del Reino Unido por un importe anual de 1,5 millones de libras, lo que ha generado al menos 2,5 millones en los últimos 20 meses, unos 2,9 millones de euros.
La controversia surge porque el centro permanece sin actividad desde julio de 2024. Su cierre se produjo tras detectarse niveles elevados de radón, un gas radiactivo invisible e inodoro que se forma de manera natural en el subsuelo y que está considerado la segunda causa de cáncer de pulmón en Reino Unido. En algunas zonas de la prisión, los niveles registrados llegaron a multiplicar por diez el límite legal permitido.
A pesar de la clausura, el contrato de arrendamiento continúa en vigor, lo que implica que el Estado sigue abonando el alquiler al ducado. Este detalle ha generado críticas tanto por el uso de fondos públicos como por la gestión de un espacio que, según diversos informes, presenta un avanzado estado de deterioro. Tras el abandono del recinto, se han detectado plagas de roedores, aves, murciélagos e insectos, en parte debido a la ventilación forzada mediante ventanas abiertas.
Las críticas también han llegado desde el ámbito político. El Comité de Cuentas Públicas del Parlamento británico cuestionó duramente la renovación del contrato en 2023, señalando que la decisión se tomó “en un estado de pánico ciego” ante la necesidad urgente de plazas penitenciarias. Su presidente, el conservador Sir Geoffrey Clifton-Brown, calificó la gestión como “una auténtica vergüenza, de principio a fin”, rechazando la justificación de urgencia ofrecida por las autoridades.
Una denuncia millonaria
El caso se complica aún más por las posibles consecuencias legales. Más de un centenar de exempleados y reclusos han iniciado acciones judiciales al considerar que su exposición al radón pudo haber afectado a su salud. En total, hasta 750 personas podrían sumarse a estas reclamaciones, lo que incrementa la presión sobre el Ministerio de Justicia.
Desde el Ducado de Cornualles han defendido la legalidad del acuerdo, subrayando que “el arrendamiento de la prisión de Dartmoor refleja acuerdos de larga duración” y que fue negociado “en condiciones comerciales estándar”, con asesoramiento independiente para ambas partes. Asimismo, han asegurado mantener contacto constante con el Ministerio para determinar el futuro de la instalación.
Otro de los aspectos que ha reavivado el debate es la transparencia fiscal. Aunque el príncipe Guillermo paga voluntariamente el impuesto sobre la renta por los beneficios obtenidos del ducado, no se han hecho públicas las cantidades exactas, a diferencia de lo que sí hacía su padre, el rey Carlos III, cuando ocupaba el mismo título.
La investigación también pone de relieve que Dartmoor se ha convertido en una de las fuentes de ingresos públicos más relevantes del Ducado, dentro de un entramado patrimonial que incluye alquileres a instituciones como el sistema sanitario, el ejército o centros educativos.
En paralelo a la polémica, el príncipe Guillermo ha impulsado un ambicioso plan medioambiental para la zona de Dartmoor, centrado en la restauración de turberas y la sostenibilidad del entorno. El proyecto, con una perspectiva de dos décadas, busca equilibrar la conservación ecológica con la actividad económica local.
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