El juicio por la pieza separada de los contratos de mascarillas del denominado ‘caso Koldo’ entra esta semana en una fase de mayor densidad probatoria en el Tribunal Supremo, tras unas primeras sesiones que han servido para acotar el perímetro del debate y anticipar las principales líneas de confrontación entre acusaciones y defensas.
La vista oral ha arrancado con un bloque de testimonios centrado en el entorno personal y relacional del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, en el que han aflorado, sin entrar aún en el detalle de las adjudicaciones, indicios sobre contrataciones en el sector público sin actividad efectiva y referencias a entregas de dinero en efectivo. Un arranque que, más que aportar certezas concluyentes, ha permitido introducir los elementos estructurales del relato acusatorio y anticipar el terreno sobre el que pivotará el juicio.
A partir de este lunes, sin embargo, el procedimiento se adentra en un plano distinto: el de quienes, desde posiciones técnicas, empresariales o institucionales, pueden aportar contexto directo sobre cómo se gestaron y ejecutaron los contratos de emergencia en los primeros compases de la pandemia.
El perímetro empresarial
La sesión del lunes concentra un elenco de testigos que dibuja, por sí mismo, el ecosistema empresarial que rodea la causa. Comparecerán perfiles vinculados tanto al suministro de material sanitario como a otras actividades económicas que han aparecido tangencialmente en la investigación.
Entre ellos figura Israel Pilar Ortiz, presidente de Sortis, relacionado con operaciones de compra de mascarillas en el momento más crítico de la crisis sanitaria. Junto a él, declararán Claudio Rivas Ruiz-Capillas y Manuel Salles Carceller, ambos asociados a investigaciones en el ámbito de los hidrocarburos, cuya presencia apunta a la posible interconexión de intereses empresariales más allá del objeto inmediato del procedimiento.
Especial atención suscita la comparecencia de Javier Serrano Costumero, situado por la instrucción en la órbita de Víctor de Aldama y vinculado a un núcleo empresarial que habría operado de forma coordinada. Su testimonio puede resultar relevante para delimitar el alcance de esa red de relaciones y su eventual proyección en las adjudicaciones investigadas.
En paralelo, el tribunal escuchará a perfiles de naturaleza técnica, como Josefa Pérez García, experta senior en Ineco, cuya declaración puede contribuir a reconstruir los procedimientos internos seguidos por las entidades públicas dependientes del Ministerio de Transportes en un contexto de contratación excepcional.
No menor interés presenta la comparecencia de Patricia Úriz Iriarte, expareja de Koldo García y vinculada al PSOE, cuya contratación en Transportes se inscribe en una de las líneas que ya emergieron en la primera semana: la eventual utilización de estructuras públicas para la incorporación de personas del entorno personal de los investigados.
La primera jornada de esta semana se completará con la declaración de Javier Herrero Lizano, exdirector general de Carreteras e investigado en otra pieza del caso, cuya comparecencia introduce un elemento de conexión entre distintas derivadas de la investigación.
El nivel institucional
Será, no obstante, a partir del martes cuando el juicio adquiera una dimensión más propiamente institucional. La entrada en escena de altos cargos y responsables públicos permitirá descender al funcionamiento interno de la Administración en un momento de presión extraordinaria sobre los mecanismos de contratación.
Entre los citados figura Víctor Francos Díaz, así como Jesús Manuel Gómez García, subsecretario de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. A ellos se suma el actual presidente de Adif, Pedro Luis Marco de la Peña, junto a otros responsables del ente, llamados a explicar los circuitos administrativos y el grado de control existente en las adjudicaciones.
En esa misma jornada comparecerá el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, cuya intervención puede aportar contexto sobre las investigaciones desarrolladas en paralelo, así como Manuel Contreras Caro, presidente de la constructora Azvi, empresa que incorporó como asesores a Koldo García y a su entorno.
El miércoles concentrará algunas de las declaraciones más relevantes desde el punto de vista político-administrativo. Entre ellas, la de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, cuyo papel durante los meses en los que se formalizaron los contratos resulta central para entender la cadena de decisiones.
Junto a ella declararán varios ex altos cargos del Ministerio de Transportes y de organismos dependientes, entre ellos el expresidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo Lobo, así como responsables de áreas clave como organización, inspección o gestión.
El tribunal afronta así una semana en la que el juicio comienza a desplazarse desde los indicios periféricos hacia el núcleo operativo de los hechos investigados, en un tránsito que obligará a contrastar las versiones ofrecidas hasta ahora con la realidad administrativa de unas adjudicaciones realizadas bajo el paraguas de la urgencia, pero sometidas —según sostienen las acusaciones— a lógicas ajenas al interés público.
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