La Seguridad Social rechaza la prórroga de alquiler en viviendas públicas de varios barrios de Madrid y el Sindicato de Inquilinas pide explicaciones

La Subdirección General de Gestión del Patrimonio, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha notificado a vecinos de barrios céntricos de Madrid la negativa a prorrogar sus contratos de alquiler por dos años más.

Esta decisión afecta a pisos gestionados por la Tesorería General de la Seguridad Social en zonas como Argüelles, Lavapiés, Ventas y Pacífico. Los inmuebles, anteriormente propiedad de la antigua Sociedad Pública de Alquiler, se encuentran en proceso de venta tras la liquidación de dicha entidad en 2012. El rechazo a la prórroga se ha formalizado en una comunicación fechada el 30 de marzo, en respuesta a la solicitud de los residentes para acogerse a la prórroga extraordinaria prevista en el Real Decreto 8/2026.

El argumento administrativo se centra en la naturaleza de los contratos, extinguidos desde el año 2016, lo que impide aplicar la Ley de Arrendamientos Urbanos y cualquier medida de prórroga sobre los mismos. Desde la Seguridad Social se ha subrayado que “la Tesorería General de la Seguridad Social se ha puesto en contacto con los arrendatarios en numerosas ocasiones desde hace más de un año para hacerles llegar toda la información y las explicaciones convenientes”.

Además, se ha recordado el contenido del informe de 2022 emitido por el Tribunal de Cuentas, que recomendaba proceder a la venta de los inmuebles y regularizar las situaciones jurídicas irregulares, dado que una administración pública no puede mantener a inquilinos en esa situación. El Ministerio, por su parte, destaca que “la Seguridad Social, atendiendo a las necesidades que esta situación pudiera provocar a los inquilinos, les habilitó un canal preferente de compra de los inmuebles y abrió un canal de contacto abierto permanente con ellos donde se les ha convocado diversas reuniones para estudiar cada una de las casuísticas”.

Malestar, exigencias y acciones de los vecinos afectados

La respuesta negativa a la prórroga ha provocado “sorpresa e incredulidad” entre quienes residen en estos pisos públicos. Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid se insiste en que “no existe ningún impedimento legal” para aplicar la prórroga y ampliar los contratos durante dos años mientras se desarrolla “una negociación colectiva que ofrezca una solución para todas las vecinas, incluidas aquellas que ya han recibido demandas de desahucio”.

A lo largo de los últimos meses, los vecinos han señalado la falta de reuniones con representantes tanto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como del Ministerio de Vivienda, a pesar de las peticiones para tratar el futuro de las viviendas afectadas. Esta falta de interlocución ha inspirado acciones como la ocupación de la sede de la Tesorería en Doctor Esquerdo y la interrupción de subastas, sin que hasta el momento se haya producido una respuesta oficial.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid considera que el proceso de privatización de estos inmuebles “no hace sino aumentar la opacidad de esta operación de privatización y reforzar las sospechas sobre posibles intereses particulares en la subasta” de estas viviendas. El colectivo también recuerda que la ministra de Vivienda “insiste públicamente en la necesidad de aumentar el parque público de vivienda”, pero no ha ofrecido “ninguna explicación sobre la venta de estas viviendas, que suponen una clara disminución de recursos habitacionales en plena crisis de vivienda”.

Junto a la crítica por la falta de transparencia, el sindicato califica de “incoherente” que se anuncie la adquisición de 600 viviendas a través de Casa 47 mientras la Tesorería mantiene más de 800 pisos vacíos y se tramitan desahucios de residentes de larga duración. Además, recuerda que “esta actuación contraviene distintos artículos de la Ley de Vivienda aprobada por este Gobierno, en concreto, el artículo 28 y la disposición adicional segunda, que obligan a las administraciones públicas no solo a mantener el parque público de vivienda, sino también a incrementarlo”.

Desde la organización, los vecinos afectados han asegurado que “darán la batalla” en todos los frentes, incluida la vía contencioso-administrativa, “hasta conseguir que las viviendas se incorporen al parque público de vivienda en alquiler permanente sin suponer expulsión para ningún vecino”. La estrategia colectiva pasa por no abandonar los hogares y sumarse a la campaña #NosQuedamos, reclamando una negociación que garantice estabilidad y acceso a la vivienda pública en el centro de Madrid.