El alto el fuego anunciado por Estados Unidos e Irán ha sido un breve descanso para los mercados internacionales del combustible. La guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero, ha supuesto para los países de la Unión Europea un golpe de realidad sobre su dependencia energética del exterior, llegando a perder hasta 13.000 millones de euros por el aumento del precio del combustible.
Pese a que sus importaciones desde países de Oriente Medio son modestas (11% del petróleo y 4% del gas natural licuado), el bloque europeo se ha mostrado vulnerable ante el bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán. El impacto en los Estados que conforman la UE es desigual, pero el efecto negativo llega a todos los países, en parte, porque los combustibles fósiles aún representan el 59% del consumo final de energía (37% petróleo, 20% gas y 2% carbón), según los datos del informe del Instituto Jacques Delors.
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La respuesta del bloque ante la actual crisis no ha sido coordinada sino que, al igual que ocurrió durante la Covid-19, cada Estado ha implementado sus propias medidas. Según detalla el informe, 22 de los 27 países de la UE han introducido hasta la fecha más de 120 medidas, lo que supone un coste combinado superior a los 9.000 millones de euros. A esta cifra queda sumarle los 13.000 millones de euros en costes adicionales derivados del aumento del precio de las importaciones de combustibles fósiles desde el inicio del conflicto.
Medidas generales sin un público específico
En cuanto a las medidas anunciadas por los diferentes Estados que conforman la Unión Europea, el informe detalla que la mayoría son de carácter temporal, pero no están dirigidas a un público específico. En concreto, de los 22 Estados que han activado medidas, 21 priorizan medidas de apoyo generales, mientras que solo 11 implementaron asistencia dirigida.
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Con una mirada más a fondo, 15 Estados han implementado medidas fiscales como reducciones del IVA, impuestos especiales o el aplazamiento de los aumentos para los sectores energéticos. Además, nueve países han limitado precios, ya sea con límites diarios, tope de precios o precios máximos del combustible.
Según el informe, los gobiernos europeos están priorizando medidas que aporten un alivio inmediato y sean visibles para los ciudadanos, a pesar de que esto conllevará “riesgos a largo plazo ampliamente documentados” ya que los topes de precios suprimen la demanda, creando las condiciones para la escasez. Estas políticas de “cortoplacismo costoso” se basan en la suposición de que el conflicto terminará pronto, algo que no es seguro.
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172 millones de barriles varados en el Estrecho
Al alto el fuego le acompañará la reapertura del Estrecho de Ormuz, aunque supondrá pagar un peaje que podría rondar los dos millones de dólares por buque que transite por el Estrecho lo que podría suponer un aumento cercano a los dos dólares por barril a los precios del petróleo y de 0,5 dólares por MMBtu a los costos de transporte de GNL.
Por su parte, el Instituto Jacques Delors, ha apuntado a un posible peaje reducido de un dólar por barril para los petroleros. Además, antes de la reapertura se encontraban varados en el Estrecho 172 millones de barriles de petróleo y productos derivados. Además, es probable que el suministro de gas natural licuado siga limitado durante más tiempo debido a las reparaciones necesarias en la planta de producción de Ras Laffan, que podrían tardar hasta cinco años en solucionarse por completo.
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Si el retorno a la realidad se alarga más allá de los cálculos de los Estados de la UE, las medidas actuales corren el riesgo de afianzar las costumbres de los consumidores a los precios subvencionados. Según señala el informe, los gobiernos se verían “incentivados políticamente” a mantener las subvenciones, ya que retirarles podría conllevar “una reacción electoral adversa”.
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