La isla poblada más pequeña de España pide la independencia: sesenta habitantes que exigen cambios administrativos

La isla de Tabarca, reconocida como la isla poblada más pequeña de España, ha iniciado los trámites para lograr la independencia administrativa. Con apenas sesenta habitantes censados, este enclave situado frente a la costa de Alicante ha decidido pedir formalmente ser considerado una entidad local menor. El objetivo es dejar de depender directamente del Ayuntamiento de Alicante y gestionar de manera autónoma competencias y fondos esenciales para la vida en la isla.

El movimiento surgió tras una recogida de firmas entre los residentes, que dio como resultado un apoyo mayoritario: 33 vecinos respaldaron la propuesta, superando la mitad de los empadronados. Esta decisión, que supone un antes y un después para Tabarca, se apoya en un sentimiento de largo recorrido entre la población local. Desde hace más de once años, los vecinos agrupados en la asociación Tabarca Isla Plana reclaman mayor atención a sus particularidades y necesidades, sintiéndose desatendidos por las administraciones.

El deseo de autogestión no es nuevo. La presidenta de la asociación vecinal, Carmen Martí, ha recordado en El Debate el tiempo que llevan planteando la necesidad de un “trato especial”. Las reclamaciones han ido acumulándose por la falta de avances en cuestiones clave para la vida diaria y la conservación de los valores únicos de la isla, que es tanto un enclave natural como histórico.

Motivos concretos de la petición: patrimonio y transporte

Entre las principales razones que motivan la demanda de independencia administrativa sobresale el cuidado del patrimonio local. Tabarca alberga la Torre de San José, catalogada como Bien de Interés Cultural, a la que los residentes consideran que no se le ha dado la relevancia ni el mantenimiento adecuados. La isla también tiene el reconocimiento de haber sido la primera reserva marina declarada en España en 1986, un hecho que refuerza la sensación de que su valor ambiental y cultural no ha tenido el reflejo esperado en la gestión municipal.

Otra queja recurrente de los tabarquinos es la precariedad del transporte. La conexión con la península depende del mar y del clima, lo que en muchas ocasiones dificulta la movilidad de los habitantes. Aunque en 2018 las Cortes Valencianas aprobaron mejorar el transporte a la isla, los vecinos aseguran que no se han visto avances reales. Esta desconexión alimenta el argumento de que Tabarca necesita tomar decisiones propias para garantizar servicios básicos y una mejor calidad de vida.

Además, quienes defienden la iniciativa consideran que el aislamiento administrativo ha frenado logros importantes y ha impedido que Tabarca reciba el trato diferenciado que merece por su condición geográfica y sus características singulares. La reclamación de convertirse en entidad local menor busca, precisamente, dotar a los residentes de capacidad para decidir sobre cuestiones que afectan de manera directa a su día a día.

Respuesta política y próximos pasos

La petición vecinal ha generado reacciones diversas en el ámbito político. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, encabezado por el vicealcalde Manuel Villar, ha declarado que desconoce el contenido concreto de la solicitud y ha negado que exista abandono por parte del consistorio. A pesar de ello, la percepción de los habitantes y de parte de la oposición política es diferente.

Desde el grupo socialista, la portavoz Ana Barceló ha señalado la falta de un modelo claro para la isla y ha criticado la ausencia de avances en el Plan Especial de Tabarca, pendiente desde hace más de un año. Este retraso, según su argumento, justifica el deseo de los vecinos de asumir el control sobre el desarrollo de su entorno. Por su parte, Compromís ha manifestado su apoyo a la iniciativa y ha reclamado la convocatoria de la comisión específica para Tabarca, subrayando el hartazgo de la población ante lo que consideran abandono municipal.

Mientras tanto, los abogados de la asociación vecinal ya han comenzado los trámites legales para formalizar la solicitud. Si prospera, los vecinos deberán negociar qué competencias quieren asumir y cómo se organizará la nueva entidad menor. Para ellos, este paso significa la oportunidad de construir un futuro a medida y con mayor capacidad de decisión.