La fiscalía pide 10 años de cárcel para el acusado del ‘caso Pelicot sueco’ por explotar sexualmente a su mujer con más de cien hombres

“La ha utilizado como una tarjeta bancaria y la ha vendido como una mercancía”, denuncia la abogada de la víctima

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La fiscal Ida Annerstedt. (Mats Andersson/AFP)
La fiscal Ida Annerstedt. (Mats Andersson/AFP)

Los detalles del caso de Gisèle Pelicot dieron la vuelta al mundo. Cada revelación era más escabrosa que la anterior. Durante años, Dominique Pelicot había drogado a su mujer y había ofrecido su cuerpo a otros hombres para que la violaran previo pago. Había hecho fotos y videos que circulaban en las redes y que fueron el inicio de la investigación policial. Su juicio fue uno de los más mediáticos de las últimas décadas. La sociedad, sin importar el país, miraba de frente la realidad a la que había sobrevivido la francesa. Mientras tanto, una mujer sueca vivía en un escenario similar. Fue a finales de 2025, cuando la mujer se presentó ante la Policía de Suecia para denunciar que su marido la obligaba a prestar servicios sexuales. Habría sido víctima de más de 100 hombres en menos de tres años.

El juicio empezó a principios de mes y, el lunes, la fiscal solicitó diez años de prisión para el hombre, sospechoso, entre otros delitos, de proxenetismo agravado contra su esposa. La abogada de la víctima también exige que se le imponga una indemnización de 1,1 millones de coronas suecas, según detalla SVT Nyheter, la cadena de televisión pública de Suecia.

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“Ha sido un caso complejo. Pocas investigaciones preliminares manejan tal cantidad de material”, explicaba la fiscal Ida Annerstedt a la cadena pública tras presentar su alegato final. “La ha utilizado como una tarjeta bancaria y la ha vendido como una mercancía”, afirmaba por su parte la abogada de la demandante, Silvia Ingolfsdottir, que también asegura que su defendida sufrió una “manipulación” constante.

El modus operandi que defiende la acusación sitúa a la víctima en una posición de vulnerabilidad ante un marido que la manipulaba y atemorizaba. Él se llamaba a sí mismo “el monstruo” para conseguir que ella le temiera y se prestara a sus agresiones. “Es una forma que tiene él de conseguir que ella haga cosas que no quiere, para provocarle miedo”, sostiene la fiscal Annerstedt.

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Gisèle Pelicot, víctima de violaciones bajo sumisión química, comparte su historia y cómo pasó de sentir vergüenza y soledad a despertar conciencias y encontrar la fuerza para reconstruirse, enviando un mensaje sobre la importancia de hablar y no aislarse.

El acusado niega que haya delito

El juicio concluirá este martes por la tarde, cuando la defensa del marido presente su alegato final. Él ha negado sistemáticamente el delito y sostiene que ella participaba libremente en este intercambio. No obstante, la legislación sueca penaliza la compra de servicios sexuales y el proxenetismo, pero no castiga a quienes venden sexo, dado que son consideradas víctimas de explotación.

Según la acusación, el acusado comenzó a obligar a su esposa a vender servicios sexuales a través de diversas plataformas en línea en agosto de 2022. Tres años después, durante septiembre y octubre de 2025, la situación se agravó por los problemas económicos que atravesaban. Según la acusación, la presunta actividad de proxenetismo duró poco más de tres años y terminó cuando la mujer huyó y presentó una denuncia.

En la gran mayoría de los casos, era el marido quien contactaba con los compradores de servicios sexuales y fingía ser su esposa. Él también niega esta parte. La acusación también afirma que el marido llevaba la agenda de la mujer y le daba instrucciones sobre el tiempo que tenía que pasar con cada cliente y las prácticas que debía realizar con ellos. También grababa los abusos y publicaba los vídeos, que acaban en páginas pornográficas y que han resultado muy útiles para la investigación.

Una carrera a contrarreloj contra los contratantes de los servicios

Paralelamente al juicio del marido, se está investigando a los 121 presuntos pagadores de servicios sexuales del caso. El plazo de prescripción del delito es de dos años, y la Policía está trabajando intensamente con recursos adicionales para llevar ante la justicia al mayor número posible de investigados. Alrededor de 30 sospechosos ya han sido acusados.

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