Después de invertir 210.000 euros en ampliar su casa, una madre de cuatro hijos podría perder su vivienda porque el Ayuntamiento le ordenó demolerla. La historia la publica el medio británico Daily Mail, que relata que el consistorio de Aughton, un pequeño pueblo de Inglaterra, ha fijado como fecha límite el 24 de abril de 2026 para que la estructura sea eliminada por completo, alegando que la dueña de la vivienda no presentó la licencia de obra ni un estudio sobre el impacto negativo sobre el entorno.
La disputa gira en torno a una nueva edificación de dos plantas, finalizada en diciembre de 2022, que sustituye a un antiguo invernadero. La obra alberga ahora la cocina principal, el único sistema de calefacción y un dormitorio compartido por dos de los hijos de esta mujer. De ejecutarse la orden municipal, la familia perdería espacios imprescindibles y se vería obligada a abandonar el inmueble por falta de habitabilidad.
La propietaria, residente en esta localidad desde hace casi dos décadas, declaró al medio británico que el constructor le aseguró —erróneamente según el consistorio— que no era necesario solicitar permiso urbanístico para reemplazar el invernadero por la ampliación.
Sin embargo, el Consejo del Condado de Lancashire mantuvo que la nueva edificación no respetaba la estética de las viviendas del entorno y que no cabía recurso posible tras el pronunciamiento desfavorable de la inspección urbanística. La administración insistió además en que ofreció asesoramiento y alternativas, aunque concluyó que la ejecución de la orden es ya legalmente ineludible.
La ampliación provocaba un perjuicio en la estética de la zona
El proceso administrativo estuvo marcado por un cruce de alegaciones entre la familia afectada y los representantes municipales. El Planning Inspectorate ya resolvió el pasado mes de octubre que la ampliación provocaba un perjuicio en el “carácter y el aspecto de la vivienda original y de la zona”, desestimando las propuestas alternativas planteadas por la propietaria y confirmando la negativa a conceder el permiso de obra. En palabras de la inspectora KA Taylor, citada por este medio, las alternativas que presentó la recurrente “no justificaron la concesión de una autorización urbanística”.
Frente a la postura oficial, Suzie defendió que la ampliación respetó el diseño del resto de la vivienda y no afectaba a la privacidad ni a la estética de los inmuebles colindantes, al estar su casa orientada hacia campos abiertos. Para demostrarlo, aportó comparativas fotográficas donde el antiguo invernadero, que estuvo en pie durante 17 años, aparentaba mayor tamaño que la construcción objeto de litigio. Sin embargo, el plazo para recurrir la decisión judicial expiró en diciembre de 2025, y la administración local advirtió que la demolición debe estar materializada para el 24 de abril de 2026.
En la actualidad, la mujer comentó que desconoce qué sucederá si no puede costear la demolición antes de la fecha impuesta. Expresó a los medios locales su temor a que la ejecución conlleve el desalojo inmediato y deja claro que, si se lleva a cabo, su familia “quedará literalmente sin hogar”.
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