La Audiencia Provincial de Barcelona resuelve una disputa familiar que había trascendido las barreras legales. La justicia catalana ha decidido extinguir la pensión alimentaria que un padre debía abonar a su hija mayor de edad al comprobar su empleo estable. La sentencia representa un precedente para los procesos de divorcio con hijos adultos en Cataluña, precisando que la obligación alimentaria cesa cuando el hijo demuestra suficiencia económica.
La decisión del tribunal tiene su origen en una apelación presentada por un padre, quien solicitó dejar de pagar la pensión a su hija y modificar los acuerdos previos respecto de su otra hija, así como retirar el derecho de uso del domicilio familiar a su exesposa. El análisis central de la causa se apoya en la vida laboral de su hija de 25 años.
763 días de cotización que dejan sin pensión alimentaria a la hija de 25 años
El tribunal ha examinado los registros de la Seguridad Social y ha determinado que la joven, nacida en 2000, había trabajado de manera ininterrumpida desde 2020, acumulando 763 días de cotización y contratos en distintas empresas, entre ellos uno a tiempo completo durante más de un año. Según el fallo, la hija “se incorporó al mercado laboral de forma estable en 2020. Si luego dejó el puesto de trabajo y volvió a estudiar, puede reclamar alimentos directamente de sus progenitores, pero no renace la pensión que ya se extinguió”.
Durante el proceso, la madre ha defendido la continuidad de la pensión para su hija, argumentando que los empleos fueron esporádicos y que existían motivos de salud que justificaban la interrupción de sus estudios. Sin embargo, los informes de detectives y la documentación médica no han acreditado impedimentos suficientes para mantener la obligación alimentaria.
La vivienda familiar seguirá siendo habitada por las hijas y la madre tras el fallo
El tribunal también ha abordado el derecho de uso de la vivienda familiar. El padre ha intentado demostrar que la situación económica de su exesposa había mejorado, ya que vendió una propiedad en abril de 2023 por 550.000 euros y poseía participaciones societarias. Pese a ello, la sentencia ha constatado que la exesposa tenía deudas y préstamos pendientes, y no se probó que hubiera alquilado habitaciones a terceros ni que existiera un beneficio económico adicional.
El caso tiene su origen en un convenio de divorcio firmado en 2014, que fijó el uso del domicilio para la madre hasta que las hijas cumplieran 25 años o lograran independencia económica. Los magistrados han resaltado que los convenios de divorcio en Cataluña solo pueden modificarse por cambios notables y duraderos no previstos en el acuerdo original.
En cuanto al aspecto retroactivo, la sentencia ha determinado que el cese de la pensión alimentaria para la hija sería efectivo desde febrero de 2023, fecha en la que se ha acreditado la apertura de una mediación previa que no prosperó. Además, el fallo ha reconocido que no existían motivos legales para privar a la madre del uso de la vivienda, ya que ambas hijas aún residían allí y no se acreditaron causas de extinción.
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