Las asociaciones en apoyo a las víctimas de pederastia en la Iglesia católica como Justice Initiative España, ANIR, AVA y LULACRIS, celebran la puesta en marcha del protocolo para reparar e indemnizar a aquellas personas cuyos casos hayan prescrito o cuyos agresores hayan fallecido. Si bien califican el acuerdo como un “paso importante”, también insisten en que “llega tarde” y recuerdan que la Iglesia ha obstaculizado en todo momento el desarrollo de este nuevo mecanismo, que entrará en funcionamiento el próximo 15 de abril. Muchas de las víctimas también lamentan que el protocolo firmado entre el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo no contemple baremos de indemnización.
“No es comprensible que no se haya acordado un baremo objetivo que establezca qué criterios se van a tener en cuenta para fijar la indemnización y cuál es la horquillla de cantidades que se van a pagar en función de la gravedad del daño. Sin baremos el proceso va a ser poco garantista y transparente para las víctimas”, ha señalado en declaraciones a Europa Press Miguel Hurtado, que sufrió abusos sexuales durante su adolescencia por parte de un monje que durante muchos años lideró un grupo de jóvenes scouts en la Abadía de Montserrat, en Barcelona. Aunque el protocolo no contemple cifras predeterminadas, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sí ha explicado que se tendrán en cuenta criterios como la edad de la víctima, la violencia ejercida y la duración de los abusos, además de la relación entre la víctima y el victimario.
Por su parte, el portavoz de ANIR, Juan Cuatrecasas, ha valorado positivamente este mecanismo mixto entre el Estado y la Iglesia, pero insiste en que “llega tarde”, debido a las “reticencias absurdas de la Iglesia”. Destaca, asimismo, que la puesta en marcha de este protocolo animará a más víctimas a denunciar los abusos sufridos en el ámbito eclesiástico, ya que al tratarse de un mecanismo respaldado por el Estado ofrece mayores garantías de imparcialidad y protección.
“Ya nos han contactado varias víctimas en esa situación, personas que no habían acudido al Defensor del Pueblo y que ahora tendrán esta oportunidad”, indica a Infobae Cuatrecasas, cuyo hijo sufrió busos sexuales por parte de José María Martínez Sanz, miembro y profesor de un colegio del Opus Dei en Bilbao, entre los años 2008 y 2010.
El Estado tendrá la última palabra
El proceso de reparación se iniciará cuando la víctima presente su solicitud en la Unidad de Tramitación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que, a su vez, lo remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Estudiado el caso y escuchadas las partes, será esta institución la que elabore una propuesta de resolución y, si corresponde, una reparación —que puede ser simbólica, restaurativa, espiritual o económica— en un plazo máximo de tres meses. En caso de desacuerdo, prevalecerá la valoración del Defensor del Pueblo y las indemnizaciones correrán a cargo de la Iglesia.
Las personas que hayan iniciado su proceso de reparación a través del mecanismo eclesiástico PRIVA, el programa impulsado por los propios obispos que comenzó a funcionar el año pasado, también tendrán la posibilidad de acogerse al nuevo modelo mixto, aunque se tendrá en cuenta si han obtenido alguna indemnización previa.
Las asociaciones de víctimas han destacado que la estructura operativa del protocolo se ajusta a la Recomendación 2533 del Consejo de Europa, que llama a los Estados a garantizar una reparación integral a quienes padecieron maltrato infantil y violencia sexual. Las organizaciones también han reiterado su compromiso de supervisar el funcionamiento del protocolo con el objetivo de asegurar que la reparación llegue a cada superviviente “de manera digna y ágil”.
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