La guerra entre EEUU e Irán y el conflicto en todo Oriente Medio se amplía irremediablemente a otras partes del mundo. La Secretaría de Estado de Seguridad ha dictado órdenes para que Guardia Civil y Policía Nacional incrementen durante la Semana Santa la vigilancia de intereses de otros países en territorio nacional, compartiendo además sus inquietudes con la seguridad privada. “Durante las fiestas de Semana Santa, la afluencia masiva de ciudadanos a distintos eventos y lugares públicos incrementa el riesgo ante posibles amenazas terroristas internacionales”, señala un documento de Interior al que ha tenido acceso Infobae.
España lleva ya años con el Nivel 4 (hay 5) de Alerta Antiterrorista, que ahora refuerza para esta fiestas. Para ello, la Dirección General de la Guardia Civil, por ejemplo, ha enviado a todas sus unidades una orden de servicio titulada “Medidas de Reforzamiento de especial intensidad con motivo de las Fiestas de Semana Santa 2026”, que establece la necesidad de potenciar la colaboración con las empresas de seguridad privada. En España, según datos de la patronal, hay 1.548 empresas en este sector, que dan empleo a 91.200 vigilantes.
Guardia Civil y Policía Nacional han pedido al sector privado que “mantengan una vigilancia especial” frente a posibles ataques dirigidos a intereses o instalaciones de la Unión Europea situadas en territorio nacional, destacando en particular las embajadas y los intereses de Francia, Suecia y Dinamarca. El Gobierno galo lidera las conversaciones para intentar reabrir el estrecho de Ormuz, punto esencial para la economía mundial porque por esa zona, controlada por Irán, pasa el 30% del comercio de petróleo. Interior también quiere una vigilancia destacada en “lugares de culto y dependencias vinculadas a Israel, Turquía, Palestina, Líbano, Jordania, y los intereses educativos, económicos o de cualquier otro tipo de Reino Unido y Estados Unidos”. Todos ellos actores geopolíticos destacados en el actual conflicto.
Interior, a través de la Guardia Civil, ha solicitado al sector privado que mantenga “actualizada la formación y capacitación de su personal, especialmente aquellos que prestan servicios en infraestructuras críticas, centros comerciales, terminales de transporte y otros espacios con gran afluencia de público”. También que garantice la vigilancia y protección constantes, “prestando especial atención a los controles de acceso de vehículos, personas y objetos, así como supervisar áreas donde puedan ocultarse personas u objetos”.
Ciberterrorismo
Imterior tampoco olvida el ciberterrorismo e indica que “por parte del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas se dará traslado a los propietarios y operadores de las infraestructuras críticas de las medidas acordadas y del necesario reforzamiento de las que corresponden a dichos operadores”. Además, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad establecerá, por su parte, un dispositivo especial de ciberseguridad durante el período de vigencia del especial reforzamiento de medidas antiterroristas. En España, Interior tiene catalogadas 469 infraestructuras como especialmente sensibles.
La radiografía sobre la actividad terrorista en España muestra que 2025 fue el quinto año consecutivo en el que aumentó el número de detenciones por su implicación en actividades yihadistas hasta alcanzar los cien detenidos. El 48% de los detenidos en España son menores de 25 años. Las nacionalidades de los arrestados abarcan países tan dispares como Albania, Argelia, Bolivia, Brasil, Colombia, Francia, Marruecos, Pakistán, Siria, Túnez, Ucrania, Yemen y España.
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