El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para forzar la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. La medida, que adelantaba el pasado viernes el presidente autonómico Emiliano García-Page, sigue la vía judicial con el objetivo de que se ejecuten las sentencias que ordenan la implantación y cumplimiento de los caudales ecológicos en el río Tajo, lo que supondría una reducción en los envíos de agua hacia Levante.
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto aprobar este martes el inicio del procedimiento judicial que reclama la adaptación efectiva de las normas que regulan el trasvase, en base a las resoluciones emitidas desde 2019 por el Tribunal Supremo. Los fallos del alto tribunal establecen la obligatoriedad de fijar caudales ecológicos previos a cualquier otro uso del agua, incluidos los trasvases, y una de las sentencias más recientes, dictada en mayo de 2025, indica que su cumplimiento debía ser “de forma inmediata”. Este conjunto de sentencias avala la posición del gobierno autonómico y supone, para Page, un respaldo a una reivindicación histórica de Castilla-La Mancha.
“Poner los intereses generales por encima de los del partido”
La determinación de acudir nuevamente a los tribunales ha sido calificada como una “decisión dolorosa” por el presidente regional, que la justifica como un paso necesario para asegurar que se cumplen las resoluciones judiciales. Page defendía el viernes pasado su incomodidad ante que “haya que volver a denunciar para que se cumplan, simplemente, las sentencias de los jueces”. Es algo, apuntaba, “que no nos podemos permitir, pero lo vamos a aprobar el próximo martes”.
En este sentido y dado que ambos gobiernos son del mismo partido, defendía que liderar una administración exige “poner los intereses generales por delante de cualquier otro, y, por supuesto, por encima de los del partido”. El dirigente socialista subrayaba que no es asumible que, tras haber logrado “cinco sentencias en el Supremo” a favor “de los derechos del agua en Castilla-La Mancha”, todavía lleven “cuatro años sin cumplir con las sentencias”.
Castilla-La Mancha pide que se cumplan de inmediato los límites acordados
El Ejecutivo regional fundamenta su decisión en la necesidad de ejecutar unas sentencias del Tribunal Supremo que, desde 2019, ordenan acomodar los caudales del Tajo al estándar ecológico antes de sacar agua para usos ajenos a la propia cuenca.
A raíz de esos fallos, el propio Ministerio para la Transición Ecológica planteó en 2025 una modificación legal inspirada en los informes del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex). Esta propuesta tenía como fin adaptar las reglas de explotación del trasvase a los caudales fijados en el Plan Hidrológico del Tajo. El cambio implicaba una reducción gradual de las transferencias de agua, con previsión de rebaja hasta el 40 % en 2027.
No obstante, la modificación de las reglas no ha llegado a materializarse, y por ello, los trasvases han continuado aprobándose bajo el marco legal anterior. Así, el 13 de marzo de 2026, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura autorizó un trasvase de 180 hectómetros cúbicos, distribuidos en tres meses a razón de 60 hectómetros cúbicos por mes, respaldada por unas aportaciones extraordinarias registradas tras las lluvias invernales. Anteriormente, el 15 de enero, se aprobó otro trasvase de 81 hectómetros cúbicos para el primer trimestre, a razón de 27 hectómetros cúbicos al mes, coincidiendo con una situación de normalidad hidrológica en los embalses de cabecera.
La cifra más reciente, correspondiente a la autorización de 180 hectómetros cúbicos, volvió a generar tensiones con la Junta de Castilla-La Mancha, que considera que tal decisión supone “dilapidar el 11 % del almacén de agua embalsada que hay en estos momentos en Entrepeñas y Buendía”. Así lo expresaba la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que cuestionaba la validez de las reglas actuales y advertía de que esta situación podría repetirse.
La responsable autonómica subrayaba entonces que “el agua es un recurso escaso que tenemos en todos los territorios y cuando falta y se refleja en informes desfavorables, afecta negativamente tanto a las inversiones como a los desarrollos de Castilla-La Mancha”. Gómez también recordaba la existencia de más de 135 hectómetros cúbicos pendientes de trasvasar y señalaba que, tras las intensas lluvias de principios de 2026, “no hay capacidad técnica ni sostenible para poder llevar esos recursos al Levante y a Murcia, más teniendo en cuenta que en estos momentos el Levante y Murcia no necesitan estos recursos al no tener capacidad de almacenamiento”.
El plazo para ejecutar la modificación normativa venció en 2024, según ha expuesto el Gobierno autonómico, que recalca la urgencia en la aplicación de las nuevas reglas. Por su parte, la Junta denuncia que el retraso se debe a que el Gobierno central ha preferido aguardar a que el Supremo dicte una nueva sentencia para implementar la adaptación legal. No obstante, desde Castilla-La Mancha sostienen que ya existen suficientes resoluciones judiciales que obligan a modificar el sistema, por lo que consideran injustificado el aplazamiento.
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