La Policía Judicial ha cerrado y precintado varios almacenes internos en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) como resultado de una investigación judicial sobre supuesta corrupción en la adjudicación de contratos públicos.
Se ha prohibido expresamente el acceso y la manipulación de los materiales almacenados, bajo advertencia de responsabilidad penal individual, afectando tanto la planta -4 como la quinta, donde se ha hallado maquinaria, materiales de construcción y otros objetos asociados a adjudicaciones bajo sospecha.
La Fiscalía Anticorrupción ha investigado presuntas irregularidades en contratos del CNIO por un monto superior a 20 millones de euros. La investigación judicial comenzó en junio de 2025 tras la denuncia de un ex alto cargo del centro, a la que se han sumado posteriormente las acusaciones del exgerente José Manuel Bernabé.
Responsabilidad señalada y contratos bajo sospecha
El foco principal se ha centrado en Juan Arroyo, quien ha dirigido el CNIO durante dos décadas y ha sido señalado en los informes judiciales como principal responsable de una posible trama de desvío de fondos mediante sociedades interpuestas y empresas pantalla.
La denuncia original, presentada en 2025 y ampliada después con más documentación, ha puesto en evidencia supuestas prácticas de fraccionamiento e inflación de contratos, ausencia de prestación real en servicios facturados y contratación de empleados sin funciones efectivas.
Se estima que un entramado empresarial ha recibido contratos por 11,9 millones de euros, mientras que sociedades vinculadas a ciudadanos ucranianos han sumado 9,2 millones. Algunas fuentes han elevado la cifra total investigada hasta 25 millones de euros en un periodo de 18 años. El procedimiento de cierre policial ha alcanzado los almacenes de la planta -4 y la quinta, donde se han custodiado materiales y maquinaria posiblemente vinculados a las licitaciones bajo investigación.
Tras la orden de la Policía Judicial y el requerimiento judicial, el acceso se ha prohibido para todo el personal, bajo la advertencia de sanciones penales individuales en caso de incumplimiento. La dirección del CNIO ha notificado al personal la obligación de preservar la integridad de las pruebas y la prohibición absoluta de aproximarse a las áreas clausuradas mientras avanzan las diligencias judiciales.
Colaboración institucional y auditorías en marcha
El Ministerio de Ciencia ha reiterado públicamente su colaboración con la justicia y su compromiso con el esclarecimiento de los hechos. La ministra Diana Morant ha declarado que ninguna persona que haya malversado fondos destinados a la investigación contra el cáncer quedará sin una respuesta firme por parte del Gobierno de España, y ha asegurado que el CNIO colaborará activamente con las autoridades competentes.
El CNIO ha atravesado una crisis reputacional en los últimos meses, marcada por la destitución de dos gerentes debido a casos de corrupción y presunto acoso sexual, lo que ha motivado una renovación en la cúpula directiva. El Tribunal de Cuentas ha auditado las cuentas del centro correspondientes a los ejercicios 2022, 2023 y 2024, como parte de las medidas de transparencia institucional.
La investigación comenzó en noviembre de 2025, lo que ha motivado la intervención policial y el requerimiento judicial de no manipulación de pruebas, así como la colaboración activa del Ministerio de Ciencia y la dirección del CNIO.
La causa judicial sigue abierta, pendiente del análisis de los materiales precintados y de posibles nuevas actuaciones sobre las pruebas intervenidas, mientras las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
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