El día de la marmota para los radares de la DGT en Madrid: son vandalizados con regularidad y a veces solo duran unas horas antes de ser destruidos de nuevo

En varias carreteras de la Comunidad de Madrid se ha detectado un patrón de daños reiterados en dispositivos de control de velocidad. Estos incidentes no se deben a averías técnicas ni a fallos fortuitos, sino a una serie de ataques persistentes dirigidos a los mismos equipos, que en ocasiones resultan dañados a las pocas horas de haber sido reparados. Las imágenes de cabinas inutilizadas, cristales rotos y sistemas fuera de servicio se repiten en puntos concretos de la red viaria, alterando el funcionamiento habitual de estos controles.

El fenómeno se concentra especialmente en tramos como la M-607 y la M-505, donde los radares han sido objeto de vandalismo de manera recurrente en los últimos meses. Los métodos empleados para inutilizar estos equipos son variados: desde el uso de pintura para bloquear las cámaras, hasta golpes que destrozan la carcasa externa o la introducción de objetos tras romper el cristal, con el propósito de impedir el funcionamiento del sistema.

En algunos casos, según información de Motor El País, el equipo apenas dura unas horas tras ser reparado antes de volver a producirse un ataque. En un tramo de Colmenar Viejo limitado a 80 km/h, un radar fijo ha sido reparado en varias ocasiones, quedando fuera de servicio de nuevo poco después. En lugares como Galapagar o Boadilla, los radares de tramo no han llegado a funcionar de forma continuada por daños sufridos incluso antes de su puesta en marcha. En otras provincias también se han detectado episodios similares, con dispositivos dañados al rato de instalarse o incluso antes de haber entrado en funcionamiento.

Impacto económico y consecuencias legales

Los dispositivos atacados integran tecnologías avanzadas: reconocimiento automático de matrículas, sensores láser y conexión con sistemas GPS para calcular la velocidad de los vehículos. Cada reparación de un radar fijo puede suponer un coste aproximado de 70.000 euros, cifra que aumenta en el caso de los radares de tramo. El impacto económico acumulado por la repetición de estos daños es considerable para la administración.

La destrucción de este tipo de infraestructuras está tipificada como delito en el Código Penal. Los responsables pueden enfrentarse a penas de prisión de entre uno y tres años, así como a sanciones económicas y la obligación de asumir el coste de los daños. Se han producido detenciones en las que los implicados no eran plenamente conscientes de la magnitud económica de sus actos, llegando a solicitar ayuda para hacer frente a las indemnizaciones.

Como respuesta, las autoridades han reforzado la vigilancia en las zonas más afectadas, con el objetivo de prevenir nuevos actos vandálicos y facilitar la identificación de los responsables. Sin embargo, la extensión de la red de carreteras y los cerca de 4.000 dispositivos instalados en todo el país supone que la supervisión constante resulte difícil de garantizar.

En la actualidad, los ataques a los sistemas de control de velocidad continúan registrándose y su resolución permanece como un reto pendiente. La situación pone de manifiesto la necesidad de medidas adicionales para proteger estos equipos y asegurar su operatividad en beneficio de la seguridad vial.