Víctimas de pederastia anuncian protestas tras el bloqueo de la Iglesia al convenio de reparación: “Deben pagar su deuda sin más dilaciones”

El pasado 8 de enero, tras una larga negociación, el Gobierno y la Iglesia anunciaron un acuerdo para crear mecanismos de reparación y compensación destinados a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. El anuncio fue recibido con alivio y esperanza por los afectados, que valoraron el reconocimiento institucional tras décadas de silencio, aunque mantuvieron la cautela. A más de dos meses de aquel anuncio, el pacto aún no se ha firmado, por eso ahora las víctimas advirten de que se movilizarán ante la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Nunciatura Apostólica en Madrid si esta semana no se concreta, o al menos no se anuncia, la firma del convenio entre el Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo para activar el proceso de reparación.

La firma del acuerdo estaba prevista para el 19 de marzo, pero la Iglesia frenó el proceso. Los obispos señalan dos razones principales: la exigencia de asumir en solitario el pago de las indemnizaciones y la posibilidad de que el Defensor del Pueblo pueda revisar las compensaciones entregadas con anterioridad por la propia Iglesia a través del Plan PRIVA, proyecto activo desde septiembre de 2024 y cuyo impacto hasta ahora ha sido muy reducido.

“Dada la revictimización a la que nos somete una institución que durante décadas ha encubierto delitos de pederastia en sus filas, ha protegido al delincuente y no a las víctimas, nos vemos obligados a movilizarnos una vez más para pedir justicia, verdad, reconocimiento, reparación y acompañamiento”, explican desde la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), que asegura que habrá movilizaciones “si no se firma el acuerdo esta semana, o si por lo menos no se anuncia su firma”.

La asociación exige a la jerarquía eclesiástica que “pague la deuda que tiene contraída con sus víctimas y supervivientes, sin más dilaciones ni excusas” y advierten de que si no firman este acuerdo, pedirán ante el Vaticano “la dimisión de la actual ejecutiva de la Conferencia Episcopal de España y de la Conferencia Española de Religiosos”.

“La indignación de las víctimas ya es mayúscula”, dice a Infobae el presidente de ANIR, Juan Cuatrecasas, cuyo hijo sufrió abusos sexuales por parte de José María Martínez Sanz, miembro y profesor de un colegio del Opus Dei en Bilbao, entre los años 2008 y 2010. “Negar la firma de un acuerdo lo más justo posible, dentro de que aquí no hay justicia, la Iglesia lo que tiene que hacer es asumir sus responsabilidades”, añade indignado.

Sistema mixto de reparación

El convenio debía firmarse en febrero, según lo establecido en el acuerdo alcanzado el 8 de enero entre la Conferencia Episcopal Española, la Conferencia Española de Religiosos y el Gobierno, que prevé un sistema mixto de reparación para las víctimas de abusos en la Iglesia. El documento indicaba que, en el mes siguiente a la firma del acuerdo, la CEE, la Confer, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes debían suscribir un convenio de colaboración. A partir de ese momento, se abriría un plazo de un año —prorrogable a dos— para que las víctimas pudieran presentar solicitudes de indemnización.

También se señala que este convenio deberá contar con la opinión de las víctimas y definirá “el estatuto básico” de estas, referido al procedimiento y organización para el reconocimiento de la condición de víctima y a las distintas formas de reparación integral, entre las que contempla: las de carácter restaurativo y simbólico; la reparación psicológica o psiquiátrica que podría extenderse a su familia, y la reparación moral.