La Guardia Civil consigue detener en Colombia a un fugitivo reclamado por la Justicia española por un delito de agresión sexual

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Colombia, ha logrado la localización y la detención en Tuluá (Colombia) de un hombre que estaba reclamado por las autoridades judiciales españolas por un delito de agresión sexual cometido en Navarra en 2020.

La detención se produjo el pasado sábado 7 de marzo por los agentes de la Sección de Interpol en la ciudad colombiana en cumplimento de una Red Notice con fines de extradición. “Todo ello gracias al intercambio de información y a la estrecha colaboración entre la Guardia Civil, la Policía Nacional de Colombia, la OCN INTERPOL Bogotá y el Centro de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal de Brasil”, explican desde la Benemérita.

Según relatan, los hechos por los que ha sido detenido se remontan a julio del 2020 y están siendo instruidos por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tafalla, en Navarra. Fue este este Tribunal el que emitió una orden internacional de detención en febrero de este año. El detenido ha sido puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia mientras se inician los trámites legales para su extradición a España.

Las órdenes Red Notice

La denominada Red Notice es una de las herramientas más conocidas de cooperación policial internacional. Se trata de una notificación emitida a través de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, que permite alertar simultáneamente a los cuerpos policiales de sus países miembros sobre la búsqueda de una persona reclamada por la justicia de otro Estado. Su finalidad principal es facilitar la localización y la detención provisional de un fugitivo a la espera de su extradición, entrega o de otra acción judicial similar.

A diferencia de lo que a menudo se cree, una Red Notice no constituye en sí misma una orden internacional de detención. La alerta se basa en una orden de arresto o resolución judicial previamente emitida por las autoridades del país solicitante, pero la decisión de detener o no al individuo corresponde a cada Estado miembro, que aplica su propia legislación nacional y sus tratados de extradición.

El procedimiento comienza cuando un país solicita la publicación de la notificación a través de su Oficina Central Nacional de Interpol. Esa petición se remite a la Secretaría General del organismo, con sede en Lyon (Francia), donde un equipo especializado revisa que la solicitud cumpla con las normas de la organización y con su Constitución. Entre otros aspectos, se comprueba que el caso esté vinculado a delitos comunes graves —como homicidio, agresión sexual o fraude— y que no existan motivaciones políticas, religiosas o discriminatorias.

Una vez aprobada, la notificación se introduce en la red segura de comunicación policial de Interpol, accesible para las autoridades de todos los países miembros. En ella se incluyen datos que permiten identificar al fugitivo —como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, rasgos físicos, fotografías o huellas dactilares— así como información sobre el delito por el que es reclamado y la base legal de la orden judicial.

Desde ese momento, las policías de los distintos países pueden consultar la alerta y actuar en consecuencia si localizan al sospechoso en su territorio. Si las autoridades nacionales consideran que la notificación tiene valor jurídico conforme a su legislación, pueden proceder a una detención provisional mientras se tramita el correspondiente proceso de extradición solicitado por el país que emitió la orden.

La mayoría de estas notificaciones no son públicas y solo están disponibles para las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en algunos casos se difunden extractos en la web de Interpol cuando se considera que la colaboración ciudadana puede ayudar a localizar a la persona buscada o cuando el fugitivo supone un riesgo para la seguridad pública.