El Gobierno español monitoriza la guerra en Irán y su previsible impacto en la economía española, tanto en los hogares como en las empresas y autónomos. Las represalias de Teherán a las refinerías de Qatar y el bloqueo en el estrecho de Ormuz, considerada la principal ruta mundial para el transporte de crudo, han disparado la tensión en los mercados energéticos, y los analistas del sector ya advierten de que el impacto puede trasladarse rápidamente a los bolsillos españoles con subidas súbitas en la factura del gas y de los alimentos.
Por si esto fuera poco, el presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado a España con represalias comerciales por la oposición del Gobierno de Pedro Sánchez para colaborar militarmente con la ofensiva contra el régimen iraní.
Sánchez afirma que, por el buen dinamismo de la economía, “el país cuenta con los recursos suficientes para afrontar la situación”, tanto la subida de la energía como las posibles represalias de Washington. El Ejecutivo puso de ejemplo los dos decretos anticrisis que ya impulsó en el pasado -y aprobó con mayoría en el Congreso- durante la pandemia y tras el estallido de la guerra en Ucrania, y que ayudaron a amortiguar la crisis.
La excepción ibérica si los precios se disparan y la congelación de alquileres
En este contexto, Sumar ha visto una oportunidad para plantear al ala socialista incorporar al nuevo escudo social algunas de las medidas que ya fueron aplicadas en esas crisis, pero que fueron apartadas en sus últimas prórrogas. Fuentes de Sumar consultadas por Infobae confirman que la formación plantea rescatar el tope del gas, un mecanismo que permitió a España y Portugal desligar su mercado eléctrico del gas en los peores meses de la crisis energética de 2022.
La apodada como ‘excepción ibérica’, impulsada por la exministra y actual comisaria europea, Teresa Ribera, supuso un ahorro del 15% en el recibo de los consumidores españoles. A pesar de las dudas legales que plantearon las empresas energéticas, este mecanismo acabó siendo avalado por la Justicia Europea, lo que ha llevado al Gobierno a reservarse su aplicación para reaccionar “con agilidad” en caso de que se produjera una nueva crisis de precios.
También podría aplicarse la exención del IVA para los productos que más afectados se vean por la escalada de precios. El Congreso aprobó en 2023 la exención de este impuesto al aceite de oliva, que fue una de las medidas que el Ejecutivo negoció con Junts para obtener su apoyo parlamentario.
Respecto a la vivienda, Sumar plantea medidas para reintroducir la congelación de los alquileres para familias vulnerables. Se trata de una petición que lleva peleando Sumar desde hace meses, pero que el ala socialista rechaza incorporar ante las dudas legales que presenta.
El Gobierno se blinda ante los aranceles de Trump
Respecto a las represalias comerciales de Trump —una medida de dudoso encaje jurídico, dado que España forma parte del mercado único de la Unión Europea, y cualquier cambio en las condiciones comerciales con los Estados miembros habría que negociarlas con toda la UE—, al Gobierno no le pillarían con el pie cambiado.
Las amenazas de Trump no son las primeras que se dirigen contra Madrid, y el pasado mes de abril, el Gobierno ya impulsó el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, que contempló movilizar 14.100 millones de euros para proteger al trabajador y a las empresas de los sectores más afectados por los aranceles de Estados Unidos. Además de ayudas a empresas, contempla medidas para proteger al trabajador, entre ellas, un mecanismo para retener a los empleados ante posibles recortes de plantilla. El Congreso convalidó este decreto con los votos positivos de PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.
¿Volver a trocear el decreto?
Desde Sumar matizan que “todavía no hay nada cerrado” en estas conversaciones, pero su intención es agrupar todas estas medidas en un solo escudo social todavía más reforzado que la versión descafeinada que Junts tumbó hace apenas dos semanas. Otra de las opciones sería llevar al Congreso las medidas energéticas y las de vivienda por separado.
El último modelo de escudo social que se llevó a votación incorporaba medidas como la paralización de los desahucios a las familias vulnerables y la prohibición de cortarles la luz, el gas y el agua, además del bono social eléctrico. También incluía asuntos como las ayudas a los seguros agrarios por los incendios forestales, incentivos para la compra de coches eléctricos y el descuento en el abono de transporte.
Pero mientras Junts no levante su bloqueo, las iniciativas del Gobierno están destinadas a encallar en la Cámara Baja. Las principales reticencias del partido de Carles Puigdemont están relacionadas con las medidas de vivienda, en especial la prohibición de los desahucios a las familias vulnerables. No obstante, si el Gobierno cediese ante sus demandas y trocease el decreto, correría el riesgo de tener en contra al bloque progresista, que ya se mostró crítico con los recortes del último escudo social.
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