El empleo irregular, en el que tienden a refugiarse aquellos trabajadores con mayores diifcultades de acceso a puestos de trabajo estables por su situación administrativa irregular o por otras razones, afecta especialmente a las mujeres migrantes de fuera de la Unión Europea. Así lo constata el último boletín del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo, elaborado por Fedea y BBVA Research, que sitúa en el 20% la tasa de informalidad laboral entre las mujeres no comunitarias ocupadas. La proporción supera el 14% registrado entre los hombres extracomunitarios y coloca al grupo femenino en el nivel más alto de vulnerabilidad dentro del mercado laboral español.
El informe, coordinado por Florentino Felgueroso y Rafael Doménech, dibuja una tendencia sostenida al alza en la brecha entre la ocupación estimada por la Encuesta de Población Activa (EPA) y las altas efectivas en la Seguridad Social, métrica utilizada para estimar la incidencia del empleo informal. Desde 2018, la mayor parte de ese diferencial se concentra en trabajadores extranjeros y, en particular, en los extracomunitarios. En el bienio 2024-2025, más del 80% del trabajo irregular corresponde a población extranjera, mientras que entre los trabajadores españoles las cifras se han reducido hasta situarse por debajo de los niveles previos a la pandemia.
En 2024, la divergencia EPA-afiliación alcanzó un promedio de 546.000 personas. La cifra equivale al 25% de los ocupados con nacionalidad exclusivamente extracomunitaria y al 17% si se incluyen quienes cuentan con doble nacionalidad. El dato no solo refleja la magnitud del fenómeno, sino también su concentración en determinados perfiles: las personas originarias de Centro y Sudamérica presentan una tasa de empleo irregular del 21%, la más elevada de todo el mercado laboral.
Las empleadas domésticas, principales afectadas
La explicación, según el análisis de Fedea y BBVA Research, reside en la fuerte presencia de estas trabajadoras en sectores históricamente asociados a mayores niveles de informalidad. El trabajo doméstico y de cuidados, donde la participación femenina es predominante, emerge como uno de los principales focos de vulnerabilidad estructural. Las actividades en los hogares concentran el 27% del empleo irregular extracomunitario, seguidas por la hostelería (19%), las manufacturas (17%) y la construcción (16%).
Los datos demuestran que la irregularidad no es un fenómeno marginal ni residual. El 90% del empleo informal detectado corresponde a personas asalariadas, lo que revela que la economía sumergida afecta sobre todo a relaciones laborales dependientes y no únicamente a actividades por cuenta propia. Entre los autónomos, la brecha entre ocupación y afiliación resulta más volátil, lo que apunta a dinámicas menos estables y más difíciles de cuantificar.
El segmento poblacional menos protegido
Las consecuencias de este fenómeno van más allá de la estadística. La falta de afiliación a la Seguridad Social limita el acceso a prestaciones por desempleo o enfermedad y dificulta la cobertura sanitaria y la protección frente a abusos laborales. En términos de integración, el empleo irregular perpetúa la precariedad y amplía la brecha de género en colectivos ya expuestos a mayores riesgos sociales y vulnerabilidad.
Desde el punto de vista territorial, Cataluña y la Comunidad de Madrid concentran la mitad del empleo irregular extracomunitario en términos absolutos. Sin embargo, si se pondera por el peso de la población extranjera, destacan la Comunidad Valenciana, Canarias y Extremadura como regiones con mayor incidencia proporcional.
La situación administrativa, barrera de acceso al empleo regular
El boletín introduce además una comparación con las estimaciones de Funcas, que cifraba en 840.000 las personas residentes en situación administrativa irregular en 2025. Mientras que ese cálculo incluye a todos los residentes sin autorización, el análisis de Fedea y BBVA Research se centra en quienes ya están ocupados pero no figuran afiliados, sea por una falta de papeles de residencia en regla o no, acotando así el fenómeno al ámbito estrictamente laboral.
En este contexto, la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno para este año podría alterar fuertemente el mapa de la informalidad. El seguimiento del diferencial entre EPA y afiliación será clave para evaluar si la medida logra reducir la exposición al empleo irregular, especialmente entre los colectivos más afectados. Hoy, los datos sitúan a las mujeres extracomunitarias —y particularmente a las procedentes de Centro y Sudamérica— en el epicentro de ese desafío pendiente para la igualdad y la cohesión social en España.
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