El Gobierno hará públicos los documentos clasificados sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que se encuentran en poder de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, después de que el Consejo de Ministros aprobara este martes su desclasificación. El material será difundido a través de la web oficial de La Moncloa tras la publicación de la decisión en el Boletín Oficial del Estado prevista para este miércoles.
El Ejecutivo prevé poner a disposición de la ciudadanía 153 unidades documentales que constituyen la totalidad de los fondos clasificados identificados sobre el 23F en la Administración. Los trabajos técnicos para su publicación ya están en marcha y consisten en la recopilación y digitalización de los expedientes conservados en los tres departamentos ministeriales implicados, cuyos funcionarios remitirán posteriormente el material a Presidencia del Gobierno para su difusión pública.
La intención es que historiadores, investigadores y ciudadanos puedan consultar directamente informes oficiales, transcripciones de conversaciones y algunas imágenes relacionadas con los acontecimientos de febrero de 1981, documentos que hasta ahora permanecían protegidos por la normativa de secretos oficiales vigente durante décadas.
Desde Moncloa aseguran a ABC que el Ejecutivo no ha revisado previamente el contenido concreto de los archivos que serán publicados. Según las mismas fuentes, tampoco el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conoce el detalle de esos documentos, aunque existe la convicción de que su difusión no supondrá ningún riesgo para la seguridad nacional ni para los intereses del Estado.
El Gobierno comunicó con antelación a la Casa Real su intención de proceder a la desclasificación antes de hacerla pública, un paso que fuentes del Ejecutivo sitúan dentro de la práctica habitual cuando se adoptan decisiones consideradas de especial relevancia institucional.
Documentación administrativa y de inteligencia
La información procede fundamentalmente de los archivos administrativos de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, que concentraron la mayor parte de la actividad oficial vinculada al intento golpista y a su seguimiento posterior. El Ejecutivo da por hecho que entre los documentos habrá material generado por los servicios de inteligencia, aunque el alcance definitivo no se conocerá hasta que concluya el proceso de compilación.
El formato predominante será escrito. El Gobierno considera improbable la existencia de grabaciones originales entre los fondos clasificados, por lo que la documentación incluirá previsiblemente transcripciones de comunicaciones registradas en su momento junto a informes internos elaborados durante la crisis y en los meses posteriores.
La ministra portavoz, Elma Saiz, defendió la iniciativa como un paso necesario para homologar la política de archivos española con la de otros países europeos que han levantado el secreto sobre episodios históricos comparables. A juicio del Ejecutivo, los 45 años transcurridos desde el intento de golpe de Estado constituyen un plazo suficiente para permitir el acceso público a estos materiales.
En el Gobierno enmarcan la decisión dentro de una estrategia más amplia orientada a impulsar la futura Ley de Información Clasificada, actualmente pendiente de tramitación parlamentaria. El Ejecutivo confía en que la apertura de los archivos del 23F contribuya a normalizar la desclasificación de documentos históricos y facilite el avance de la nueva normativa.
El sumario judicial queda al margen
El material que se difundirá no incluirá el sumario del juicio por el 23F. El Gobierno subraya que no se trata de documentación clasificada y que, por tanto, no forma parte del acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros.
Los 89 legajos que integran ese sumario se encuentran bajo custodia del Tribunal Supremo y su consulta depende exclusivamente de los criterios establecidos por el poder judicial. Desde su depósito en los archivos del alto tribunal se han autorizado varias consultas con fines de investigación histórica y periodística.
El Ejecutivo insiste en que la exclusión de estos documentos responde únicamente a su carácter judicial y no a una limitación del proceso de apertura. La publicación prevista recogerá íntegramente la documentación que conserva la condición de secreta en los archivos ministeriales identificados.
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