El Congreso votará este miércoles si acepta debatir la propuesta de Sumar para impedir que las empresas que trasladen su actividad fuera de la Unión Europea puedan ejecutar despidos colectivos en nuestro país.
La norma responde a la preocupación de Sumar por este tipo de prácticas, recurridas por grandes empresa para eludir obligaciones laborales y de responsabilidad social. “Queremos acabar con la competencia desleal de aquellas empresas que hacen trampas”, ha señalado la portavoz del grupo plurinacional, Verónica Barbero, en una rueda de prensa en el Congreso.
Sumar pone ejemplos concretos de operaciones como la venta de ALCOA Avilés y Coruña, cuyo traspaso ha acabado investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por presunta estafa y malversación; o el caso de Forbia Porriño, en el que la venta a la empresa Maderas Fiber provocó que la planta se quedara sin recursos y se detuviera su actividad, lo que terminó en despidos y en un proceso concursal solo cuatro meses más tarde.
En la industria textil, Sumar ha denunciado que empresas como Zara o H&M han trasladado gran parte de su producción a países donde las condiciones laborales son muy difíciles y no se garantizan los derechos básicos de los trabajadores. Esta estrategia, critican, ha supuesto también la pérdida de miles de empleos en nuestro país. Concretamente, Inditex ha cerrado más de 1.400 tiendas desde la pandemia.
Las empresas que se vayan deben devolver las ayudas públicas
Además, la proposición establece que toda empresa beneficiaria en los cuatro años anteriores de ayudas públicas vinculadas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o al Mecanismo RED estaría obligada a devolver esas ayudas si finalmente procede a deslocalizar su producción fuera del espacio comunitario.
En este contexto, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha defendido la norma porque “nadie entendería que salváramos a las empresas para que, a la vez, les permitamos despedir a la gente trabajadora [...] y nadie entendería que si alguien deslocaliza un sector productivo recibiera ayudas de nuestro país”. “Aquellas empresas que reciban ayudas públicas tienen una obligación, que es el mantenimiento del empleo”, añadió.
Informar a la plantilla y negociar con los sindicatos el traslado
El texto presentado por Sumar incluye también una disposición dirigida a “garantizar la transparencia” en los procesos de transmisión de empresas o unidades productivas. En concreto, la medida exige que la plantilla esté informada de los detalles y que los sindicatos participen en las negociaciones entre la empresa adquirente y la vendedora. Si no se cumplen estas condiciones, será declarado despido nulo o improcedente.
Si la Cámara Baja acepta la admisión a trámite se abriría el periodo de enmiendas para los distintos grupos parlamentarios. A partir de ese momento, se anticipa un debate intenso en el que surgirán discrepancias jurídicas y económicas, especialmente en torno a los límites de la propuesta y su compatibilidad con el marco europeo de libertad de establecimiento.
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