El Tribunal Supremo fija en casi 80.000 euros las costas procesales que tendrá que abonar García Ortiz

El Tribunal Supremo ha fijado en 79.942,70 euros las costas judiciales que debe abonar Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, tras ser condenado por la revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La cifra incluye 64.778,78 euros correspondientes a la minuta del abogado de González Amador, 13.603,32 euros en concepto de IVA y 1.560,38 euros de honorarios de la procuradora.

García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación especial para ejercer como fiscal general, al pago de una indemnización y multa de 17.200 euros y a sufragar las costas del proceso. La multa fue abonada por la Unión Progresista de Fiscales mediante una colecta.

El letrado de González Amador justifica la minuta por la complejidad y el carácter inédito del proceso

El abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, justificó el importe de sus honorarios en un escrito en el que señala “una evidente complejidad en ambas vertientes, material y procesal”. En sus palabras, “nunca antes un fiscal general del Estado había protagonizado la filtración de información reservada obtenida en el ejercicio de su función jurisdiccional de una persona vinculada a un representante público del partido político rival del Gobierno que le nombró”.

El letrado también mencionó la “pluralidad de partes intervinientes en el procedimiento”, el aforamiento de García Ortiz, la “destrucción” de archivos y la posición de la Fiscalía, que respaldó la absolución del ex fiscal general. Ante la ausencia de “referentes objetivos y transparentes para la cuantificación de los honorarios a efectos de tasación de costas”, Rodríguez Ramos anunció que ajustará su minuta conforme a “los criterios orientativos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid”. Por ejemplo, valoró en 250 euros la preparación de cada interrogatorio, cerca de veinte, y en 750 euros cada uno de los recursos de apelación presentados.

En paralelo, el Ministerio de Justicia ha iniciado la tramitación de una petición de indulto para García Ortiz, tras recibir dos solicitudes de ciudadanos particulares. El primer paso ha sido pedir el preceptivo informe al Tribunal Supremo. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que el Ejecutivo “cumple la ley” al tramitar la petición y que el procedimiento consiste en recabar los informes necesarios antes de tomar una decisión con el expediente completo.

Bolaños subrayó que “el Gobierno discrepa de la sentencia del Tribunal Supremo, pero que discrepemos con todo respeto y con argumentos jurídicos diciendo que podía haber cabido una diferente, más respetuosa con la presunción de inocencia y con la prueba que se practicó en el juicio, no quiere decir que no la cumplamos y la hagamos cumplir”.

Durante ese debate parlamentario, la diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo cuestionó la actuación del Gobierno respecto al Supremo y la posible concesión del indulto a García Ortiz. Para Álvarez de Toledo, existe “pánico” en el Ejecutivo ante revelaciones de empresarios investigados, y aludió a unas declaraciones en la Audiencia Nacional sobre supuestas pruebas de financiación ilegal del PSOE. La diputada también reclamó la disolución del PSOE y acusó al Gobierno de conceder indultos con intereses políticos.