El delegado del Gobierno en Castilla y León durante el mandato de Mariano Rajoy, Ramiro Ruiz Medrano, entregó en abril de 2013 la Encomienda de la Orden del Mérito Civil a José Ángel González Jiménez, entonces comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Valladolid. Esta distinción, recogida en aquel momento por El Día de Valladolid, había sido concedida por el entonces ministro de Asuntos Exteriores en nombre del rey Juan Carlos I, pero a propuesta de Medrano.
Trece años después, ese mismo mando ha dimitido como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional tras ser acusado de una presunta agresión sexual a una subordinada y después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella en su contra. En medio de la crisis, el Partido Popular ha elevado el tono contra el Gobierno y ha exigido responsabilidades al ministro del Interior.
La distinción concedida en 2013 no fue un gesto menor. La Encomienda de la Orden del Mérito Civil reconoce servicios relevantes prestados al Estado y se otorga por decisión del Gobierno. En aquel acto oficial, González fue presentado como un mando eficaz cuya gestión estaba respaldada por el descenso de la criminalidad en su ámbito de responsabilidad.
El entonces delegado del Gobierno subrayó la dimensión ética de la profesión. “Ser policía es algo más que un trabajo”, afirmó. “Somos los guardianes de los derechos humanos de la ciudadanía”. Nada hacía presagiar que, años después, ese mismo nombre ocuparía titulares por motivos muy distintos.
La recuperación de aquella imagen no es anecdótica. Desde que se conoció la admisión a trámite de la querella, el Partido Popular ha centrado su discurso en la gestión del Gobierno. Alberto Núñez Feijóo ha acusado al Ejecutivo de haber “tapado” el caso y ha pedido la dimisión de Marlaska. Otros dirigentes populares han insistido en que la salida del DAO no es suficiente y han cuestionado la transparencia del Ministerio del Interior.
Sin embargo, la hemeroteca introduce un elemento incómodo en ese relato. González no fue un mando anónimo ascendido de forma discreta en la actual etapa, sino un responsable policial cuya carrera fue públicamente avalada bajo un Ejecutivo del Partido Popular.
Además, la polémica se cruza con otro dato que no ha pasado desapercibido en el debate público. El alcalde de Móstoles, también del Partido Popular, ha sido acusado igualmente de agresión sexual y continúa en el cargo sin que la dirección nacional haya exigido su dimisión ni haya promovido un relevo inmediato. En ese caso, el partido ha apelado a la presunción de inocencia y a la necesidad de esperar al desarrollo de las actuaciones judiciales antes de adoptar decisiones políticas.
Más allá de las comparaciones, la crisis abierta por la dimisión del exDAO ha vuelto a poner sobre la mesa un patrón reconocible en la política española: la distinta vara de medir con la que los partidos abordan los casos que afectan al adversario y los que golpean en casa.
En el caso de González, el PP ha optado por una estrategia de máxima presión política, vinculando la continuidad del mando en el cargo a una supuesta responsabilidad directa del ministro del Interior. La exigencia no se ha limitado al ámbito administrativo, sino que se ha planteado en términos de desgaste político inmediato. En Móstoles, por el contrario, la dirección popular ha invocado la prudencia y la necesidad de no anticipar consecuencias mientras la causa judicial no avance.
La investigación judicial sobre esta presunta agresión sexual dentro de la Policía Nacional seguirá su curso en los tribunales. Pero en el terreno político, donde los tiempos son más inmediatos y la memoria selectiva, la condecoración de 2013 y la reacción actual del PP forman parte de un mismo relato: el de cómo se gestionan las crisis cuando afectan a figuras que, en otro tiempo, fueron presentadas como ejemplo de servicio público y avaladas por gobiernos de distinto signo.
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