Por qué la prestación por hijo de 200 euros debe ser universal: “Nadie queda excluido por barreras burocráticas, falta de información o estigmatización”

La economía española encadena varios años de crecimiento, tras cerrar 2025 con un repunte del 2,8%, pese a la inestabilidad geopolítica a nivel mundial. Sin embargo, sigue sin resolver uno de sus principales problemas estructurales: la pobreza infantil, que permanece en niveles elevados a pesar del aumento del gasto social y la mejora de la renta media. Según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 28,4% de los niños y niñas en España vive en situación de pobreza o exclusión social, frente al 17,8% del resto de la población adulta.

La situación empeora para quienes viven en situación de pobreza severa, es decir, en hogares donde los ingresos no bastan para garantizar lo más básico: comer adecuadamente o disponer de una vivienda segura con suministros básicos como agua, luz y calefacción. En 2025, esta condición alcanzó al 12,5% de la infancia, cerca de un millón de niños y niñas, aunque la cifra registra un leve descenso frente al año previo.

Bajo este contexto, la prestación universal por crianza de 200 euros al mes por hijo, propuesta esta semana por el Gobierno —como parte de una estrategia de desarrollo sostenible más amplia que busca reforzar el Estado del Bienestar con 100 metas hasta 2030—, se convierte en una herramienta clave para combatir la pobreza infantil.

Aunque la medida no está en marcha —de momento es solo una propuesta—, la experiencia de otros países con este tipo de ayudas económicas demuestra que son eficaces. De hecho, según datos de Unicef, la prestación por crianza sacaría a más de 270.000 niños, niñas y adolescentes de esta situación de vulnerabilidad en España si la ayuda para las familias es de 100 euros mensuales, mientras que podría sacar de la pobreza a unos 530.000 si alcanza los 200 euros al mes.

Garantizar que ningún niño o niña quede excluido

Según ha explicado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, el objetivo de esta medida es que llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo, independientemente de que sus rentas sean bajas, medias o altas, ya que en el caso de los hogares con rentas elevadas, el impacto de la ayuda se ajusta a través del sistema fiscal. En ese sentido, Unicef y Save the Children destacan a Infobae que el carácter universal de la prestación por crianza “garantiza que ningún niño o niña quede excluido por trámites burocráticos, falta de información o situaciones de estigmatización”.

“Este tipo de ayudas fortalecen el contrato social e intergeneracional, ya que todos contribuimos y nos beneficiamos del bienestar y el desarrollo de los niños y niñas de un país”, señala Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de Unicef España. La prestación universal por crianza, añade el experto, es la única medida capaz de alcanzar “a todos los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza y además garantiza que aquellos que están en riesgo no lleguen a cruzar el umbral”.

Save the Children subraya que unas de las ventajas del carácter universal de esta ayuda económica es que se establece como un derecho para todas las personas con hijos menores a su cargo, asegurando su acceso sin distinciones ni requisitos restrictivos. Esto transforma la ayuda en un derecho social garantizado, no en una asistencia limitada o condicionada. De esta forma, toda familia puede reclamarla por el solo hecho de cumplir con la condición de crianza, lo que refuerza su carácter inclusivo.

Otra ventaja, añade la organización, es que “elimina el estigma que tienen algunas ayudas sociales”, así como las barreras de acceso burocráticas. Y por último, porque, de facto, las rentas medias y altas “ya están percibiendo una ayuda a la crianza, a través de las deducciones fiscales del mínimo por descendiente en el IRPF”.

“Lo que hay que hacer es reformar este sistema para que llegue a quienes más lo necesiten“, apunta Save the Children, que apunta como posible medida establecer un coeficiente que ajuste el importe de la prestación según el nivel de ingresos de cada familia, de modo que la ayuda se adapte a la situación económica de cada hogar.

La organización insiste en que la universalidad “no está reñida con la equidad”, ya que puede complementarse con mayores apoyos para quienes más lo necesitan, como el refuerzo del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), especialmente para los mayores de 6 años, y con mejoras en su difusión y acceso. “Un enfoque exclusivamente focalizado corre el riesgo de dejar fuera a hogares vulnerables que no cumplen criterios estrictos, pero que igualmente atraviesan grandes dificultades”, añaden.

Familias con rentas altas

Respecto a los hogares con ingresos altos, a veces también existen circunstancias puntuales, como desempleo, gastos imprevistos, separaciones o casos de discapacidad que no quedan reflejados en una fotografía estática de la renta. Las familias de ingresos altos pueden recibir la prestación por crianza, pero su efecto neto se compensa a través del sistema fiscal: los impuestos progresivos permiten que los hogares con más recursos contribuyan más, recuperando lo percibido sin excluir a ningún niño de la cobertura.

Ambas organizaciones destacan que invertir en infancia “no es un gasto”, sino una apuesta por la sostenibilidad social, económica y demográfica de la sociedad.