Muchos de los vecinos que residen en viviendas de los fondos de inversión Nestar-Azora, el tercer casero de España, y Fidere/Testa (Blackstone) en la Comunidad de Madrid han iniciado este martes una campaña para frenar la venta de más de 17.000 inmuebles por parte de estas empresas. Organizados en el Sindicato de Inquilinas, denuncian que muchas de estas casas, anteriormente públicas o protegidas, están hoy en manos de estas empresas y su objetivo ahora es ponerlas en el mercado. Por ello, los vecinos reclaman al Gobierno que intervenga y recupere estos hogares para el parque público a través de Casa 47, la nueva entidad del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
“Hoy comenzamos una campaña para exigir al Gobierno, a través de Casa 47, que recupere las viviendas de los fondos buitre y vuelva a hacerlas públicas. Star y Blackstone han puesto 17.000 viviendas a la venta al mejor postor, cuando fueron públicas en un pasado, formaban parte del parque protegido y precisamente tenían esa protección contra la especulación”, aclaran desde el sindicato. Durante más de una década, denuncia la organización, los fondos buitre “han obtenido grandes beneficios con viviendas adquiridas a precios bajos y sin invertir en su mantenimiento”.
Como ejemplo, la organización menciona “las 1.860 viviendas vendidas en 2013 por el Ayuntamiento de Madrid a Blackstone por 68.000 euros la unidad”. Desde entonces, aseguran, los fondos de inversión han aplicado subidas de alquiler, “incorporando cláusulas abusivas y gestionando los bloques vulnerando derechos de las inquilinas". “Ahora pretenden cerrar el círculo con una nueva venta masiva”, añaden.
La organización colectiva da sus frutos
Convencidos de la fuerza de la organización colectiva, los vecinos de estas casas reclaman alquileres estables, seguridad residencial y la protección del derecho a la vivienda frente a la especulación.
Los últimos meses, aseguran, han dejado ejemplos claros de que la movilización da resultados, tal y como ha sucedido en Cataluña, donde después de una campaña de presión y nueve meses de huelga de alquileres, el Sindicat de Llogateres consiguió que la Generalitat blindara 1.700 viviendas como VPO, frenando su venta.
También recuerdan que, en Madrid, el Sindicato de Inquilinas también ha conseguido avances importantes. En 2021, tras años de resistencia y con más de 100 familias organizadas en la campaña #NosQuedamos, se alcanzó una negociación colectiva histórica con Blackstone, el mayor propietario de viviendas del país. Además, las inquilinas de Nestar-Azora mantienen desde hace más de un año una huelga parcial de alquileres para denunciar cláusulas abusivas, como el cobro de IBI, comunidad y otros gastos que no les corresponden.
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