Victoria Columba, una de las voces latinoamericanas decisivas en la regularización de migrantes: “Esto no ha sido caridad, sino justicia social”

La nueva regularización de personas migrantes aprobada el pasado 26 de enero por el Gobierno, que permitirá a más de medio millón de extranjeros en situación administrativa irregular acceder a derechos básicos y dejar atrás la clandestinidad, adquiere una relevancia especial en un momento como el actual, en el que el aumento de discursos de odio y la expansión de movimientos xenófobos marcan la agenda política y social en distintos países. En los últimos años, muchas naciones han endurecido sus políticas migratorias con deportaciones masivas, restricciones para la obtención de permisos y barreras adicionales para la integración de las personas migrantes, lo que se ha traducido en mayor vulnerabilidad y discriminación hacia este colectivo. En contraste con este clima de rechazo, la regularización aprobada en España representa un giro que apuesta por el “reconocimiento de derechos y la inclusión” de las personas migrantes que ya están trabajando y viviendo en el país.

La medida ha salido adelante gracias a un acuerdo entre Podemos y el Gobierno, pero tampoco habría sido posible sin el impulso y la presión de los colectivos de migrantes agrupados en la plataforma Regularización Ya. Durante los últimos cinco años, este movimiento ha trabajado de forma incansable para visibilizar la realidad de quienes viven sin papeles, hasta el punto de que lograron más de 600.000 firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización extraordinaria y, aunque finalmente la propuesta no prosperó en el Congreso por falta de acuerdo, marcó un hito al situarla en el centro del debate público.

Una de las voces principales de Regularización Ya es la activista argentina Victoria Columba, que destaca la labor colectiva del movimiento, integrado principalmente por mujeres latinoamericanas y migrantes procedentes de África. Según Columba, esta experiencia demuestra que las organizaciones migrantes con voz propia pueden marcar el rumbo y abrir espacios de diálogo y negociación a nivel legislativo.

No solo se limita al contrato de trabajo

Uno de los elementos que más valora la activista de esta nueva regularización es que no se limita únicamente a quienes tienen un contrato de trabajo, al incluir criterios como la integración social, los lazos familiares, la protección de menores y motivos humanitarios para obtener la autorización de residencia.

“Es la primera vez que una regularización se consigue a través de la presión del movimiento migrante, aunque también ha habido partidos dispuestos a escuchar como Podemos. Este proceso también marca un cambio importante al no estar ligado únicamente a un contrato laboral, sino que incorpora una perspectiva de derechos”, explica Columba a Infobae España. “No se trata de un regalo ni de una concesión, sino de justicia social. Este es el resultado de cinco años de lucha constante”, añade.

La movilización del movimiento migrante tomó fuerza en 2020, tras el confinamiento por la pandemia, con la presentación de una proposición no de ley (PNL) para impulsar una regularización extraordinaria, pero el Congreso la rechazó. Poco después, se volcaron en la recolección de firmas en la calle, superando las 600.000 rúbricas para registrar una iniciativa legislativa popular (ILP), aunque el estancamiento político volvió a cerrarles el paso en el Congreso durante más de un año y medio.

Ante ese escenario, Regularización Ya replanteó su estrategia y abrió la vía de negociación de un real decreto con las formaciones políticas, la opción que finalmente ha permitido sacar adelante la regularización extraordinaria. El acuerdo se logró través de conversaciones entre Podemos y el PSOE, lideradas por la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

“Hemos demostrado que se podía, pero que no había voluntad política, porque el Gobierno podía haber aprobado este real decreto mucho antes”, precisa la activista, que acumula más de 15 años de trayectoria en la defensa de los derechos de las personas migrantes y actualmente trabaja en el acompañamiento de jóvenes tutelados y extutelados.

En estos momentos, aclara Columba, el proceso se encuentra en la fase de revisión de alegaciones al texto, con especial atención a cuestiones relacionadas con menores y asilo, en colaboración con organizaciones especializadas en la materia. Desde Regularización Ya esperan que la aprobación definitiva y la publicación en el BOE se produzcan esta misma semana.

“Hay abogados que ya se están lucrando”

La activista también advierte sobre la actuación de algunos abogados que “ya están aprovechando la situación, cobrando entre 300 y 390 euros a personas migrantes por gestionar trámites vinculados a la regularización”, a pesar de que la normativa aún no se ha publicado en el BOE. “No es normal que haya abogados que se lucren de esta necesidad”, critica, sobre todo cuando los migrantes van a poder acreditar la permanencia en España con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos, ya sean empadronamientos, informes de servicios sociales, certificados médicos o billetes de transporte.

“A los ricos les molesta que los pobres tengan derechos”

Victoria Columba conoce en primera persona el impacto de una regularización para quienes viven en situación administrativa irregular. Ella misma accedió a los papeles durante el proceso impulsado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, después de quedarse sin residencia por un divorcio. El proceso, asegura, supuso un antes y un después en su vida, aunque tampoco resultó sencillo, ya que dependía de una oferta de trabajo y de cumplir con requisitos de arraigo. Contar con papeles no solo le permitió permanecer en España y trabajar de manera legal, sino también acompañar a su familia en momentos clave como puede ser el fallecimiento de un ser querido o una celebración relevante, algo que para muchas personas migrantes sigue siendo inalcanzable sin una regularización.

“Ahora con esta regularización las personas migrantes no solo van a poder cotizar para la Seguridad Social, para el bienestar de los españoles, sino también para su futuro y su jubilación. Y esto les molesta a los ricos, porque quieren mano de obra barata y precarizada, les molesta que los pobres tengan derechos”, sostiene.

Columba recuerda que la regularización aprobada respondía a una necesidad para miles de personas y alerta de que persisten retos importantes, como el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la eliminación de las deportaciones.