El Supremo deja en manos de la Audiencia Nacional la investigación todavía abierta del caso Koldo tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado

El magistrado Leopoldo Puente ha declarado en un auto la pérdida de la competencia del Tribunal Supremo para continuar con la instrucción y enjuiciamiento de la pieza separada que investiga al exministro José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García, Víctor de Aldama y otras ocho personas, al haber perdido el primero la condición de aforado con su renuncia como diputado del Congreso, y ser el único investigado que la ostentaba.

En el auto, el juez acuerda remitir esta causa, a los efectos de que prosiga con la tramitación del procedimiento, al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, órgano jurisdiccional del que procede y en el que igualmente se siguen actuaciones, vinculadas a las que son objeto de esta pieza especial, con relación a otros investigados. Además, pone en conocimiento del mismo que el plazo de instrucción se encuentra prorrogado hasta el próximo día 8 de marzo.

Esta pieza tiene por objeto aclarar con precisión la denominada trama de amaños de adjudicaciones de obra pública y presuntas comisiones irregulares vinculadas a altos cargos socialistas, entre ellos Koldo García, el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La segunda línea de investigación

Esta línea de investigación se diferencia de otra parte del caso, ya elevada a juicio en el Tribunal Supremo, que se centra en los presuntos contratos irregulares para la adquisición de material sanitario durante la pandemia de COVID‑19, particularmente los relativos a mascarillas y otros equipos, y por la que Ábalos y García ya han quedado vinculados a proceso.

En esta pieza concreta, los investigadores examinan si, entre 2018 y 2023, se utilizó la posición política y las influencias de los imputados para favorecer adjudicaciones de obras públicas a determinadas empresas a cambio de comisiones o beneficios, algo que podría incardinarse dentro de delitos como prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, y pertenencia a organización criminal.

Según los autos y los informes de la Guardia Civil remitidos al Supremo, existen grabaciones e información patrimonial que sugieren la posibilidad de que empresarios de la construcción y otros intermediarios pagaran cantidades, en metálico o mediante otros mecanismos, a los investigados o a personas vinculadas con ellos, como forma de compensación por la adjudicación de contratos sin los debidos procesos competitivos.

Un ejemplo de estas líneas de pesquisa es el análisis de movimientos financieros y transferencias entre empresas supuestamente implicadas, como las vinculadas a Acciona o a cooperativas como Erkolan, donde se indaga si pagos recibidos durante varios años encubren retribuciones impropias o la canalización de fondos a través de terceros para ocultar su origen.

La investigación también presta atención a la posible utilización de empresas “pantalla” o vinculadas a familiares y allegados de los investigados, como mecanismos para blanquear o disimular el destino final de las comisiones, así como a la coincidencia temporal entre adjudicaciones presuntamente irregulares y adquisiciones de bienes por parte de los implicados.

En la causa remitida ahora a la Audiencia Nacional ostentan la condición de investigados José Luis Ábalos Meco, Koldo García Izaguirre, Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, Santos Cerdán León, José Ruz Martínez, Antonio Fernández Menéndez, Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, Joseba Antxon Alonso Egurrola. Justo Vicente Pelegrini, Manuel José García Alconchel y Tomás Olarte Sanz.