De la “demagogia política” a la violencia “real y regulada”: el Gobierno de Sánchez quiere prohibir la entrada de menores a los toros

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha vuelto a pedir explicaciones a España. Y no es la primera vez. Ya en 2018, el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado “prohibir la asistencia de menores de 18 años” a espectáculos taurinos para “prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños”. Ocho años después, la cuestión sigue sin resolverse, con una votación en el Congreso en la que tuvo el PSOE de Pedro Sánchez el voto decisivo.

Ahora, durante el VII Examen del Comité a España, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, reconoció por primera vez la intención del Gobierno de introducir restricciones a través de una reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi). No obstante, como hemos advertido antes, en octubre de 2025 se rechazó una iniciativa similar que contaba con 169 votos en contra de PP, Vox y UPN; 57 a favor de Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís; y la abstención decisiva de 118 votos del PSOE.

La propuesta no ha tardado en resonar entre las organizaciones antitaurinas, para las que se trata de un paso necesario y largamente esperado, y asociaciones taurinas, para los que es “pura demagogia política sin ninguna base y sin ningún criterio razonable”. Además, según han hecho saber a Infobae, “no ofrecen alternativas para las personas que trabajamos en este sector y tenemos familias educadas, sensibles y con altos valores humanos”.

Por su parte, Marta Esteban Miñano, portavoz de la Plataforma La Tortura No Es Cultura, sostiene que la cuestión no es ideológica, sino científica y de derechos humanos. “Existe una evidencia científica abrumadora que demuestra que la exposición de niños y adolescentes a la violencia ejercida sobre los animales puede tener efectos perjudiciales en su desarrollo emocional, psicológico y moral”, afirma a este diario.

Según ella, numerosos estudios internacionales relacionan esta exposición con una reducción de la empatía hacia animales y personas, una mayor aceptación de la violencia como forma de relación y la aparición de trastornos como ansiedad, insomnio o estrés emocional, especialmente en edades tempranas. Además, subraya que la ciencia ha demostrado “la interconexión entre el maltrato animal, la violencia doméstica y el abuso o abandono infantil”.

Algo con lo que coincide la ONU. El Comité de los Derechos del Niño no solo ha advertido a España, sino también a países como Francia, Portugal, México, Colombia o Perú, llegando a calificar a los llamados “niños toreros” como una de las peores formas de explotación laboral infantil. El texto legal advierte de “riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica” de la infancia y del peligro de desensibilización frente al sufrimiento ajeno.

Cuando la violencia no es solo simbólica

Pero más allá del impacto psicológico, la plataforma denuncia un riesgo físico más alto de lo normal. “La integridad física de niños, niñas y adolescentes se pone en riesgo incluso cuando actúan como espectadores”, advierte Esteban. Según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, solo en 2010 se registraron 37 accidentes laborales en escuelas taurinas, con cinco muertes y 32 lesiones graves.

En julio de 2022, un niño de 12 años resultó gravemente herido en Puçol (Valencia) tras recibir una cornada en la tripa que alcanzó el hígado y los riñones. Junto a él estaba otro de 14 años, participando en un “bou embolat” (se encienden los cuernos del toro pasada la medianoche). Ese mismo verano, otro menor de 15 años fue herido en Gilet y tuvo que ser trasladado al Hospital de Sagunto.

Además, los casos llegan a ser fatales, como en Mallorca, donde un niño de 10 años murió a causa de la cornada de un novillo, otro de 14 en 2012 en Arnedo (La Rioja), un niño de 7 años en La Puebla de Almoradiel (Toledo) en 2017 y uno de 8 en Colmenar Viejo (Madrid).

No obstante, una de las claves del debate se sitúa en la diferencia entre la tauromaquia y otros contenidos violentos regulados, como el cine o los videojuegos. “La diferencia fundamental es que la tauromaquia no es una representación ficticia ni simbólica de la violencia”, explica Esteban, “es real, infligida a seres vivos ante la mirada del público, incluido menores”.

Por su parte, los contenidos audiovisuales cuentan con sistemas de clasificación por edades. “No solo no hay una restricción estandarizada, sino que en muchas comunidades los menores pueden asistir libremente desde edades muy tempranas”, añade.

La posición de los veterinarios: cautela y consenso

José Enrique Zaldívar Laguía, presidente de AVATMA (Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal), explica a Infobae que es “complicado” porque “seguramente no habrá unanimidad”. No obstante, reconoce que es indiscutible que “cualquier niño que acuda a un espectáculo taurino podrá normalizar ese tipo de maltrato sobre ese tipo de animales”.

Además, señala que en un festejo taurino, “todo es real”. “El dolor, el sufrimiento del animal, la sangre, el agotamiento físico y emocional. Real y regulado por las leyes y reglamentos que lo permiten y lo autorizan, justificándose como hecho cultural y tradicional”, subraya.

Sin embargo, también insiste en que la prohibición de entrada a los menores podría chocar con la de “los derechos de los padres o tutores a decidir el tipo de educación que les quieren dar a sus hijos”. E incluso, con el propio interés del menor.

Un mapa legal desigual

Actualmente, la regulación depende de las comunidades autónomas. La mayoría permite la asistencia o participación de menores, incluso en escuelas taurinas. Baleares fue la única que estableció una restricción efectiva, aunque recientemente ha iniciado su derogación. Para las organizaciones de infancia, esta desigualdad es inaceptable. “La protección de los derechos fundamentales de los menores es una responsabilidad irrenunciable del Estado”, defiende Esteban.

Algo con lo que AVATMA coincide. “Es absolutamente necesaria una legislación estatal que limite la edad de forma uniforme”, afirma Zaldívar, aunque reconoce que el entramado competencial autonómico dificulta su aplicación. “No basta con declaraciones. Es necesario materializar esta protección en una reforma legal estatal clara y urgente, que garantice los mismos derechos a todos los niños y niñas, independientemente de su lugar de residencia”, sentencia Esteban.