La familia de Vera, la niña fallecida en Mislata durante el accidente de un castillo hinchable, ha denunciado en las últimas horas que el consistorio local ha decidido no investigar lo ocurrido tras considerar que el abogado de los padres está vinculado a un partido político.
Según han manifestado los allegados a través de la red social X, esta decisión del Ayuntamiento de Mislata ha intensificado el malestar y la sensación de desamparo que arrastran desde la tragedia ocurrida en enero de 2022.
La tensión aumentó luego de que el pleno municipal rechazara abrir una comisión para esclarecer el accidente del castillo hinchable, a pesar de que la oposición respaldó la iniciativa. Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata, ha sido señalado por los familiares de Vera por anteponer criterios partidistas a la transparencia.
La madre de Vera, Eva Roz, aseguró que el Consistorio argumentó la negativa a investigar en la supuesta afinidad política del abogado de la familia, una justificación que los padres consideran inadmisible.
Faltas de cercanía y apoyo
La familia sostiene que la elección del letrado se debió únicamente a la búsqueda de justicia y niega cualquier motivación política. Eva Roz, en declaraciones recogidas en su cuenta de X, afirmó: “Decir que se nos revuelve el estómago es poco” al referirse a la versión dada por el Ayuntamiento. Los padres también han desmentido que la petición de investigación proviniese de ellos o de su representación legal, insistiendo en que la iniciativa partió de la oposición municipal.
En cuanto al trato recibido tras el accidente, los allegados de Vera aseguran que la corporación local no ha mostrado cercanía ni apoyo. Según el testimonio, durante los días posteriores al accidente, ni el alcalde ni ningún representante del Ayuntamiento se acercaron a la familia, a pesar de que dos hijas de la pareja, de 15 y 13 años, presenciaron el siniestro y permanecieron en estado crítico.
“Nadie se nos acercó a decirnos nada en absoluto”, sostuvieron los padres, quienes describieron la presencia de Fernández Bielsa en el lugar como meramente testimonial para los medios de comunicación.
Durante los cinco días en que Vera permaneció en la UCI, la familia asegura no haber recibido llamadas ni visitas institucionales. Esta versión contradice los mensajes publicados por el alcalde en redes sociales, donde afirmaba estar pendiente del estado de la menor.
En materia de transparencia, los padres denuncian la falta de documentación relativa a la feria donde se produjo el accidente. Según los progenitores, el Ayuntamiento nunca entregó la licencia de actividad del recinto ferial, lo que, en palabras de la familia, ha dificultado el avance de la investigación judicial. Además, responsabilizan al Consistorio de no asumir ninguna responsabilidad institucional sobre el incidente, que además de la muerte de Vera, causó el fallecimiento de otra menor, Cayetana.
Investigación judicial en desarrollo
La investigación judicial permanece abierta bajo la instrucción del Juzgado número 4 de Mislata, según informó el equipo de laSexta en un reportaje reciente. Las diligencias han puesto el foco en las posibles irregularidades cometidas tanto por los organizadores de la feria como por los técnicos y funcionarios municipales.
Entre los elementos investigados destaca la ubicación inadecuada del castillo hinchable, que no coincidía con el emplazamiento autorizado por el Ayuntamiento, así como la ausencia de anclajes, confirmada por testigos y corroborada por la policía científica.
El Ayuntamiento de Mislata ha argumentado ante laSexta que las atracciones feriales no requieren licencia de actividad y que basta la certificación de un ingeniero contratado por los feriantes. Sin embargo, los informes policiales ponen en duda tanto la inspección técnica como la validez de los documentos presentados. Tanto el ingeniero responsable como un funcionario municipal han sido objeto de investigación judicial.
La familia de Vera ha recordado otros precedentes en los que el propio alcalde de Mislata impulsó comisiones de investigación a pesar de la existencia de procedimientos judiciales abiertos, como ocurrió en el caso de la Dana. Consideran que la negativa actual responde a una falta de voluntad política.
En su comunicado los allegados de Vera subrayaron: “Lo único que pedimos es que todos los responsables estén en el banquillo”. Reclaman que el Ayuntamiento de Mislata facilite la información aún pendiente y colabore en el esclarecimiento de los hechos.
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