
Junts per Catalunya ha insistido en muchas ocasiones que la reconciliación con el Gobierno dependen de la delegación de las competencias migratorias a Cataluña. Pero ese texto, tal y como está escrito, no cuenta a día de hoy con el consenso de los partidos clave. Especialmente crítico ha sido Podemos, cuyo voto negativo ya tumbó el texto cuando en su primera votación en el Congreso de los diputados. El partido morado considera que tiene un “amplísimo sesgo racista” que respondía a la pugna entre la ultraderechista Aliança Catalana y Junts.
En el Pleno extraordinario de este martes, la portavoz posconvergente Míriam Nogueras volvió a recordar este asunto pendiente, que Junts considera un nuevo incumplimiento del PSOE. Y en este sentido, Nogueras volvió a retar al Partido Socialista a explicar de qué manera pretende negociar este traspaso con Podemos. Porque no hace falta mencionar que a esta ley orgánica se opondrán incondicionalmente PP, Vox; pero sí es reseñable apuntar que, aunque el PSOE consiga centrar el sentido de voto de todas las fuerzas que componen Sumar, si Podemos no da su brazo a torcer, volvería a decaer la norma por empate técnico.
El Gobierno confía en que los guiños sobre inmigración a Podemos, que llegan tras aprobarse la Iniciativa Popular sobre regularización de migrantes en situación irregular, aceleraría el debate. Porque así lo afirmó la líder de Podemos, Ione Belarra, hace un mes en el Congreso, donde afirmó que estaban dispuestos a reabrir la negociación siempre y cuando se consideren sus aportaciones.
La regularización extraordinaria de migrantes se realizó mediante decreto, con lo que se elimina la necesidad de una votación parlamentaria para su implementación, una vía que ha sido señalada como fundamental para asegurar el avance del traspaso.
La regularización de migrantes agiliza el debate
Este miércoles, tanto Pablo Fernández, coportavoz de Podemos, como Irene Montero, número dos del partido, coincidieron en que la medida constituía un avance significativo en el reconocimiento de derechos, lo que agilizaba el debate sobre la transferencia de competencias migratorias a Cataluña. “Nunca nos hemos negado a sentarnos a negociar y hacer un traspaso de competencias que no tenga racismo. Si es libre de racismo, siempre se va a poder contar con nosotras. Y precisamente esta regularización extraordinaria efectivamente pone un paso muy importante en el reconocimiento de derechos de todas las personas”, afirmaron en sendas entrevistas concedidas a Radiocable y Rac1.
Pero Junts ha vuelto a frenar en seco este optimismo porque sigue enrocado en que la medida “no se va a modificar”. “Como el articulado no se tocará un pelo y es lo que se legisla y constata el traspaso, esperamos que se vuelva a registrar la ley y se apruebe el articulado, que es lo que realmente nos importa a nosotros”, afirmó Nogueras en una entrevista para . Y en este sentido, fuentes de la formación morada insisten a Infobae: “No votaremos nada que sea racista, ni antes, ni ahora”.
Mientras el Ejecutivo trabaja para convencer a Podemos, el Gobierno ha ido haciendo los deberes para garantizar los apoyos de otros aliados potencialmente conflictivos, como puede ser el PNV. En esta últimas semana, el Gobierno ha culminado la transferencia de ciertas competencias al País Vasco, uno de los viejos compromisos de Sánchez con el partido nacionalista vasco a cambio de su investidura. Y este martes, el presidente del Gobierno volvió a reunirse con el líder del PNV Imanol Pradales para seguir avanzando en futuras concesiones, como la del Aeropuerto de Euskadi antes de abril.
Se da por descontado el voto de Esquerra Republicana, quien ha valorado positivamente los avances con Podemos. La formación de Oriol Junqueras ha defendido la “relevancia institucional del receptor”, ya que las competencias no estarían en manos de un partido político específico, sino del gobierno autonómico catalán.“No se puede ir en contra de la cesión de competencias simplemente porque no te gusta quien gobierna. Para eso que las quede todas Madrid”, ironizó este martes el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
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