El Gobierno aprobó este martes un decreto ley que pone en marcha una regularización extraordinaria para personas migrantes en situación administrativa irregular en España. La medida, fruto de un acuerdo entre PSOE y Podemos, permitirá a unas 500.000 personas acceder a residencia y trabajo legal. La decisión responde a una reivindicación del movimiento migrante y organizaciones sociales, y llega después de más de un año y medio de parálisis en el Congreso de una iniciativa legislativa popular (ILP) que reclamaba este proceso.
Al igual que otras organizaciones humanitarias, Unicef ha celebrado la aprobación de esta medida, al considerar que abre nuevas oportunidades de integración para miles de niños, niñas y familias migrantes: “Contribuye a protegerlos frente a situaciones de vulnerabilidad”.
“El proceso va a tener un impacto muy positivo en la integración social de los niños migrantes y sus familias. La irregularidad administrativa la heredan los hijos e hijas y tiene un impacto muy directo, porque expulsa a las familias a un contexto de extrema vulnerabilidad en el trabajo, la vivienda y otros servicios básicos, cuando los niños necesitan entornos seguros para vivir”, ha señalado Sara Collantes, especialista en migraciones de Unicef España.
También ha advertido que son muchas las familias en situación administrativa irregular que “viven con miedo a ser detectadas e incluso expulsadas del país, a pesar de llevar años aquí”, lo que también provoca situaciones de estrés en los menores, “repercutiendo en su proceso de aprendizaje”. “Los niños y niñas necesitan entornos seguros, estables y predecibles para su desarrollo”, incide.
Asimismo, añade Collantes, la situación de irregularidad hace aumentar su exposición a riesgos de explotación, abuso, exclusión social o separación familiar por razones estrictamente administrativas.
La representante de Unicef recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomienda a los Estados facilitar vías de regularización para las familias migrantes con hijos. En ese sentido, en 2019 se estimaba que unos 147.000 niños y niñas vivían en situación irregular en España.
En qué consiste la regularización extraordinaria de migrantes
El proceso de regularización aprobado por el Gobierno se dirige a todas las personas extranjeras que ya se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan acreditar al menos cinco meses de residencia continuada en el país al presentar la solicitud. La permanencia podrá demostrarse con cualquier tipo de documento, ya sea público o privado, o una combinación de ambos. Para quienes hayan solicitado protección internacional, será suficiente con haber presentado la solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y poder acreditarlo.
Entre los requisitos también figura no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público. Quienes cumplan estas condiciones podrán acceder a una autorización de residencia con una vigencia inicial de un año. Al finalizar ese periodo, deberán pasar a los regímenes ordinarios previstos en el Reglamento de Extranjería, lo que facilita una integración plena en el sistema. Esta autorización de residencia permitirá trabajar desde el primer día en cualquier sector y lugar de España.
El plazo máximo de tramitación será de tres meses, pero con la simple admisión a trámite, que deberá resolverse en un máximo de 15 días, las personas podrán comenzar a trabajar.
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