La regularización extraordinaria de personas extranjeras que han pactado el PSOE y Podemos, que se aprobará este martes por real decreto ley y beneficiará a más de 500.000 personas, evidencia que “cuando existe voluntad política es posible avanzar”, algo que no se había logrado con la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre esta cuestión debido a la falta de apoyos parlamentarios. Así lo ha señalado Silvana Cabrera, representante de la plataforma ‘Regularización Ya’, que engloba a buena parte del tejido asociativo y movimiento migrante que impulsó esa ILP y que llevaba más de un año y medio estancada en el Congreso.
“El acuerdo entre PSOE y Podemos demuestra una vez más que si hay voluntad y valentía política esto podía salir adelante. Ya sabíamos que los números no iban a dar en el Congreso para la ILP, pero también sabíamos que con un real decreto sí era posible, por eso llevábamos tiempo instando al Gobierno a que lo hiciera”, explica Cabrera a Infobae, que asegura que este avance ha sido posible gracias al impulso del movimiento migrante y del “esfuerzo personal de Ione Belarra”, la secretaria general de Podemos. “Ha trabajado con nosotros codo con codo y para que se pueda beneficiar de ello el mayor número de personas posible”, ha añadido la activista.
Cabrera tilda este pacto como “un logro” del que se podrán beneficiar más de medio millón de personas. A esta regularización extraordinaria podrán acogerse aquellas personas que acrediten estar en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales y puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.

Tener acceso a los derechos básicos
La regularización “beneficiará especialmente a personas vulnerables que llevan tiempo viviendo y trabajando en España, facilitando su acceso a derechos básicos y ayudándoles a salir de la precariedad y de los obstáculos burocráticos”, ha apuntado Cabrera. La activista también destaca que la medida representa un avance para quienes no tenían posibilidades de regularizar su situación por quedar al margen de los mecanismos tradicionales, como el arraigo. En ese sentido, Cabrera ha puesto como ejemplo a las empleadas del hogar que pasados los 50 años no podían conseguir un contrato de trabajo, a las trabajadoras sexuales que tampoco pueden acceder a un contrato, a los manteros o a quienes trabajan “explotados en sectores como la construcción o la hostelería”.
“Es una oportunidad de salir de esa situación de irregularidad, de tener acceso a los derechos mínimos y que puedan salir de ese círculo infernal burocrático que muchas veces supone poder regularizar la situación administrativa”, concluye.

No obstante, desde la plataforma Regularización Ya también insisten en que aún quedan pendientes cuestiones como la derogación de la ley de extranjería, la aprobación de una norma contra las distintas formas de racismo en España y la mejora en el acceso a la vivienda para las personas migrantes.
Por su parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) también han valorado de forma positiva el acuerdo alcanzado entre PSOE y Podemos, pues consideran “de justicia” que “las personas que contribuyen a la riqueza y al desarrollo del país tengan una respuesta rápida a sus peticiones”.
“Sin duda, es la normativa ordinaria la que tiene que establecer un mecanismo de regularización permanente ajustado a la realidad del país. En todo caso, esta medida responde a una aspiración compartida por parte de los movimientos sociales y nos parece muy positivo que se haya activado en este momento por parte del Gobierno”, ha explicado el codirector de CEAR, Mauricio Valiente. De momento, quedan pendientes los detalles sobre las condiciones y el proceso, aspectos clave para garantizar que la tramitación sea rápida y permita atender de manera efectiva a quienes puedan acogerse a la iniciativa.
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