El desequilibrio financiero de la Seguridad Social continúa ampliándose y se consolida como uno de los principales retos de las cuentas públicas. El déficit básico del sistema —que incluye las Clases Pasivas y excluye las transferencias del Estado— cerró 2025 en torno a los 69.800 millones de euros, un 5,8% más que en 2024, según las estimaciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) elaboradas a partir de los datos de ejecución presupuestaria hasta el mes de noviembre.
Estas cifras aparecen recogidas en un artículo firmado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, en el que se analizan las cuentas de la denominada Seguridad Social Ampliada (SSA), un agregado que integra tanto el sistema de Seguridad Social como el régimen de Clases Pasivas de los funcionarios. El análisis pone el foco en la brecha estructural entre los ingresos propios del sistema y el gasto en prestaciones, especialmente pensiones.
Para medir esta brecha, De la Fuente utiliza dos indicadores. El primero es el llamado déficit básico, que refleja el saldo presupuestario total de la SSA sin tener en cuenta las transferencias corrientes procedentes del Estado. El segundo es el déficit contributivo, que mide la diferencia entre los ingresos y los gastos estrictamente vinculados a las cotizaciones sociales.
Los ingresos crecen, pero el desequilibrio persiste
Las estimaciones se basan en la liquidación del Presupuesto de la Seguridad Social y de los Presupuestos Generales del Estado de 2024, así como en los datos de ejecución presupuestaria disponibles hasta noviembre de 2025. A partir de esta información, Fedea constata que, aunque los ingresos del sistema han crecido “a buen ritmo” en los últimos años, el desequilibrio persiste.
En términos consolidados, los ingresos de la Seguridad Social Ampliada habrían aumentado un 7,2% en 2025, hasta alcanzar los 249.504 millones de euros, impulsados por el dinamismo del empleo y el aumento de las bases de cotización.
El gasto, por su parte, se habría incrementado un 6,4%, hasta los 257.945 millones. El resultado es un saldo negativo de 8.441 millones de euros una vez contabilizadas las transferencias estatales.
Sin las transferencias del Estado, el déficit se dispara
Sin embargo, la fotografía cambia radicalmente cuando se excluye el apoyo del Estado. Sin estas transferencias, el déficit del sistema se dispara por encima de los 69.000 millones de euros en 2025, frente a los casi 66.000 millones registrados en 2024 y los 59.800 millones de 2023. La tendencia, por tanto, es claramente ascendente.
Fedea recuerda que hasta 2011 los ingresos del sistema antes de transferencias estatales eran suficientes para cubrir el gasto en prestaciones contributivas. A partir de 2012, sin embargo, la situación se invirtió. Desde entonces, señala De la Fuente, “ha sido necesario inyectar al sistema un volumen creciente de recursos procedentes de impuestos generales para complementar la financiación de las prestaciones contributivas”.
Este esfuerzo presupuestario ha supuesto un fuerte aumento de las transferencias del Estado, cuyo volumen se sitúa actualmente cerca de los cuatro puntos del Producto Interior Bruto (PIB). En la práctica, esto implica que una parte cada vez mayor del coste de las pensiones y otras prestaciones se financia con deuda o con ingresos fiscales generales, y no con cotizaciones.
La deuda sigue creciendo pese a las reformas
El análisis de Fedea también alerta sobre la evolución de la deuda de la Seguridad Social, que continúa aumentando pese a la puesta en marcha de medidas destinadas a reforzar su sostenibilidad. Entre ellas destaca el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que introdujo una cotización adicional a cargo de empresas y trabajadores para alimentar el Fondo de Reserva, conocido como la ‘hucha de las pensiones’.
A pesar de esta nueva fuente de ingresos, De la Fuente advierte de que la deuda neta del sistema sigue creciendo a un ritmo cercano a los 6.000 millones de euros anuales. Una dinámica que, según el ‘think tank’, pone de relieve que las reformas introducidas hasta ahora no han sido suficientes para corregir el desequilibrio estructural de la Seguridad Social.
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