El rápido envejecimiento de la población española está tensionando de forma creciente el sistema de atención residencial para personas mayores. Pese al aumento de plazas de los últimos años, el déficit continúa ampliándose y amenaza con dejar sin respuesta a miles de personas con dependencia severa y gran dependencia. Así lo advierte la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en su última nota de prensa, en la que describe una situación “claramente insuficiente” para atender las necesidades actuales y futuras.
“El déficit de plazas residenciales sigue aumentando: si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit casi se duplica, alcanzando las 96.916”, subraya la asociación. El desfase se explica, en gran medida, por la diferencia entre la evolución demográfica y el ritmo de creación de recursos: entre 2021 y 2025, la población mayor de 65 años creció en más de 800.000 personas, frente a un incremento de apenas 23.075 plazas residenciales.
A comienzos de 2025, el número total de plazas se situaba en 412.109, tras un aumento del 4,3%. Sin embargo, la organización advierte de que este crecimiento no logra absorber la presión demográfica ni la demanda acumulada de cuidados de larga duración. “Las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país”, justifican.
Una demanda urgente sin respuesta
El mayor cuello de botella se concentra en el sistema de atención a la dependencia. Según los datos oficiales del SAAD analizados por la Asociación, hay 32.842 personas con dependencia severa (Grado II) y 15.686 con gran dependencia (Grado III) en lista de espera, a las que se suman 57.091 personas pendientes de valoración.
Aplicando los porcentajes de atención residencial habituales, la Asociación estima que la demanda actual no cubierta supera las 32.000 personas, cifra que se eleva hasta las 50.000 al sumar los PIA (Programa Individual de Atención) no efectivos de residencias y de prestaciones vinculadas. “Serían necesarias no menos de 50.000 plazas residenciales solo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia”, señala la organización.
Actualmente, 339.655 personas mayores de 65 años viven en residencias, lo que supone una ocupación media del 82,4% de las plazas disponibles, lo que para la asociación significa que los centros residenciales siguen siendo un recurso esencial.
Desigualdades territoriales
A pesar de su relevancia, el informe revela las grandes diferencias entre las comunidades autónomas. Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran el mayor déficit, con 36.327 y 26.929 plazas, respectivamente. “Entre las dos suponen las tres cuartas partes del déficit (65,3%)”, destaca la asociación.
En contraste, siete comunidades presentan superávit de plazas, con Castilla y León a la cabeza, con 16.712 plazas excedentarias. Por su parte, Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Madrid superan el 95% de ocupación, mientras que otras comunidades presentan tasas bajas. Estos datos “sugieren una inadecuada distribución de las plazas o un elevado coste de las mismas que las hace inaccesibles para buena parte de quienes las necesitan”.
La mayoría de las plazas residenciales cuentan con financiación pública. En concreto, el 71,1% (292.986 plazas) se financian mediante centros públicos, plazas concertadas o prestaciones vinculadas al servicio. Las 119.123 restantes son exclusivamente privadas.
La atención domiciliaria no compensa el déficit
La Asociación también advierte de que la estrategia de desinstitucionalización y refuerzo de la atención domiciliaria no ha avanzado lo suficiente como para aliviar la falta de plazas residenciales. “En 2023 este servicio solo tiene una cobertura de 5,8%, solo ocho décimas más que en el año previo a la pandemia”, señala la nota.
Además, “la media de horas de atención y cuidados solo alcanza 23,8 horas mensuales, ni siquiera tres horas más que en el año 2012”, lo que limita seriamente su capacidad para atender situaciones de alta dependencia. “El índice de cobertura que se utiliza, tomando como referencia la población mayor de 65 años, resulta inadecuada en la sociedad actual”, advierte el informe, recordando que “el 75,5% de las personas que viven en residencias tienen más de 80 años” y que la edad media ronda los 85.
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