La universidad Complutense cambia de proveedor para que los títulos que obtienen los alumnos cuesten la mitad y provoca una guerra judicial entre dos empresas

La Universidad Complutense de Madrid, que no pasa por su mejor momento económico (como el resto de centros públicos de la región), quiere pagar menos por los títulos que reciben sus alumnos al graduarse. Nos referimos a la tradicional cartulina oficial de papel que todo estudiante muestra orgulloso en la pared de su casa. Aunque para ello haya provocado una guerra judicial entre dos empresas. Y es que hay decisiones administrativas que, por sí solas, ya cuentan una historia. La Complutense formalizó el 5 de noviembre de 2024 el servicio de impresión y personalización de títulos académicos. El acuerdo incluía un año inicial y hasta cuatro prórrogas. Es decir, podía alargarse hasta cinco años. El contrato se lo llevó Signe SA, una firma madrileña constituida en 1982 y especializada en impresión y artes gráficas. Signe llevaba haciendo este trabajo desde diciembre de 2019.

Sin embargo, y cuando no se había producido el primer año de vigencia, la Complutense decidió el 14 de mayo de 2025 iniciar una nueva licitación por el mismo servicio. La secuencia de los hechos sorprende por la rapidez. No es frecuente que una Administración vuelva a licitar un contrato recién firmado cuando todavía dispone de margen para mantenerlo a través de prórrogas. ¿Por qué lo hizo? Basta con examinar bien los números. El nuevo contrato se planteó con un marco económico más ajustado. El centro ha tenido que pedir un préstamo de 34 millones de euros a la Comunidad de Madrid y ha tenido que diseñar un plan de ajuste que durará hasta 2029. No obstante, es la universidad presencial más grande de España.

En el procedimiento de 2024 solo se presentó una empresa, Signe, proveedor histórico del servicio. Su adjudicación fue de 383.000 euros (IVA incluido). Con la fórmula prevista en el contrato (un año más cuatro prórrogas), el coste potencial habría rondado los 1,9 millones de euros. Mucho dinero. En 2025, en cambio, la licitación atrajo competencia. Además de Signe, concurrió una unión temporal de empresas encabezada por Didoseg Documentos SA, otra compañía madrileña que lleva más de 25 años imprimiendo documentos de seguridad, Y ahí llegó la sorpresa. Su oferta era de 153.622,50 euros anuales. La diferencia era tan grande que se activó el trámite de justificación por posible baja anormal. Tras revisarla, la universidad argumentó que “la justificación de la empresa es correcta, bien razonada y documentada en base a expedientes de contratación reales con otras universidades, explicando satisfactoriamente la oferta presentada y su cumplimiento”. Mientras que Signe estaba dispuesta a cobrar 11,30 euros por cada título impreso, Didoseg lo hacía por 6,5 euros.

Si la Complutense hubiera mantenido el contrato de 2024 durante todo su recorrido posible, el gasto habría sido de aproximadamente 1,9 millones. Con la adjudicación de 2025, proyectada en el mismo horizonte de cinco años, el coste sería de unos 768.112 euros. La diferencia se sitúa en torno a 1,1 millones de euros. La adjudicación, sin embargo, no cerró el episodio. Signe presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública en el que solicitaba la anulación de la resolución que adjudicaba el contrato a Didoseg, basándose en una posible alteración del contenido de los datos de su propuesta, una ausencia de aportación de certificados exigidos, la ausencia de informes de cumplimiento elaborados por un laboratorio independiente y, por último, denunciando que Didoseg no aportaba certificados de otras universidades acreditando que podía realizar “copia electrónica auténtica” de los títulos.

La Complutense pide una multa

El tribunal no solo desestimó el recurso y confirmó la adjudicación, sino que apreció temeridad y mala fe en la impugnación e impuso a la empresa una multa de 3.000 euros. Lo llamativo de todo esto es que fue la propia universidad la que solicitó al tribunal que valorase imponer una sanción, al entender que el recurso tenía un efecto dilatorio y estaba retrasando la puesta en marcha del contrato y, con ello, sus efectos económicos. En su resolución, el tribunal dejó un razonamiento especialmente significativo: los argumentos utilizados por Signe para tratar de excluir a la adjudicataria se apoyaban en criterios que ella misma había aplicado en su propia oferta, de modo que, de haberse estimado sus pretensiones, el resultado coherente habría sido también su propia exclusión.

Finalmente, la universidad adjudicó el 24 de octubre de 2025 (formalizando el contrato el 10 de diciembre) a Didoseg por 153.622 euros, aunque hay un error en la cantidad que figura en el perfil del contratante. Son las Comunidades autónomas las que tienen potestad para fijar las tasas que pagan los alumnos por expedir su título. En Madrid, estas tasas están fijadas desde el año 2022. El título de doctorado cuesta 229,86 euros; el de máster, 176,27 euros; el de licenciado, arquitecto o ingeniero, 154,32 euros. La diplomatura, la arquitectura técnica o la ingeniería técnica bajan a los 75,38 euros.

Las tasas que pagan los alumnos nada tienen que ver con lo que abona la universidad a la empresa que expide los títulos (antes Signe y ahora Didoseg). Por ejemplo, un alumno pagará una tasa de 229,86 euros por obtener su título de doctorado, mientras que la universidad paga con este nuevo contrato 6,5 euros a la empresa para que lo imprima. Un suplemento europeo al título cuesta 2 euros. La previsión de la Complutense es que la adjudicataria tenga que imprimir unos 32.000 títulos en un año.