La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha decidido investigar la gestión de las pulseras antimaltrato, los dispositivos electrónicos que permiten conocer la ubicación de los agresores machistas con órdenes de alejamiento y que en 2025 estuvieron en el centro de la polémica, después de que la Fiscalía revelara en su memoria anual que se habían producido fallos técnicos en el sistema Cometa, gestionado por Vodafone y Securitas, provocando absoluciones por incumplimientos de órdenes de alejamiento. La institución también examinará las ayudas vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) destinadas al servicio de teleasistencia para víctimas de violencia de género (Atempro) y la apertura de centros de crisis de violencia sexual, que abrieron con casi dos años de retraso.
Así consta en el Programa de Fiscalización de la institución para el 2026, que contempla 118 actuaciones en diversas áreas, y lo confirmó Chicano este lunes en un encuentro con la prensa, donde destacó la importancia de la fiscalización desde una perspectiva de igualdad. La presidenta del Tribunal de Cuentas aseguró que supervisar la integración de la igualdad en la gestión pública “es una necesidad democrática”, ya que representa a la mitad de la población.
En 2025, el Tribunal de Cuentas aprobó 57 informes, de los cuales 40 incluyeron algún análisis relacionado con la igualdad de género, lo que representa el 70% del total. De estos 40 informes, dos se centraron exclusivamente en la igualdad, mientras que los otros 38 trataron el tema de manera transversal. Además, el organismo emitió 86 conclusiones y 21 recomendaciones vinculadas a la igualdad durante ese año.
La fiscalización de la gestión de las pulseras antimaltrato figura como un área de riesgo dentro de la gestión pública, alineada con las prioridades estratégicas del tribunal.
Reprobación de la ministra de Igualdad
Cabe recordar que el escándalo de estos dispositivos estalló el pasado mes de septiembre, cuando la Fiscalía reveló en su memoria anual fallos técnicos en el sistema Cometa, gestionado por la UTE formada por Vodafone y Securitas. Estos problemas, indicó el Ministerio Público, impidieron durante meses el acceso de los juzgados a los movimientos de los agresores y provocaron numerosos sobreseimientos y absoluciones por incumplimientos de órdenes de alejamiento.
No obstante, la Fiscalía después aclaró que las víctimas no quedaron desprotegidas y que los casos se referían solo a supuestos de incumplimiento de órdenes de alejamiento y no a los procedimientos de violencia de género en sí.
El escándalo desató un terremoto político que acabó con la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Congreso, quien, pese a los fallos, sostuvo que la seguridad de las víctimas no estuvo comprometida. En diciembre, el ministerio solicitó a la empresa responsable del sistema Cometa una actualización del mapa de cobertura de los dispositivos, que actualmente portan cerca de 4.500 hombres con órdenes de alejamiento.
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