
La Policía Nacional y la Armada Española han vuelto a golpear al narcotráfico en alta mar con la interceptación de un carguero que transportaba alrededor de 7.000 kilos de cocaína en pleno Atlántico, a 290 millas náuticas —unos 535 kilómetros— de Canarias. La operación, ejecutada por un equipo policial desplegado desde el buque de acción marítima Rayo, sitúa de nuevo al archipiélago en el centro de una de las principales rutas de entrada de droga hacia Europa y confirma la magnitud de un fenómeno que, lejos de remitir, se ha sofisticado en los últimos años.
El barco fue localizado gracias a labores de vigilancia e inteligencia que permiten a las fuerzas de seguridad seguir el rastro de buques sospechosos durante días, incluso semanas, en aguas internacionales. Una vez confirmado que se trataba de un objetivo de interés, el Rayo se aproximó al carguero y embarcó a un grupo de agentes especializados que procedieron al abordaje. En la bodega, según fuentes conocedoras de la operación, se amontonaban miles de paquetes de cocaína que, por su volumen, convierten esta incautación en una de las mayores realizadas nunca en el entorno de Canarias.
El cargamento y el propio buque han sido dirigidos a Santa Cruz de Tenerife, donde quedarán a disposición judicial. A partir de ahí se activará el engranaje habitual: recuento y pesaje oficiales de la droga, análisis de su pureza, identificación de la tripulación y primeras diligencias para tratar de reconstruir la ruta seguida por el carguero y el entramado que hay detrás de un envío de semejante tamaño.
Canarias, nudo de una autopista marítima
La escena se repite con una frecuencia cada vez mayor en el Atlántico que rodea al archipiélago. Las Islas Canarias se han convertido en una suerte de nudo logístico para los traficantes que envían cocaína desde Sudamérica hacia Europa: un punto lo suficientemente alejado de los grandes puertos del continente como para permitir trasbordos y maniobras discretas, pero también lo bastante cercano como para servir de puerta de entrada a la Unión Europea.

En 2025, esa presión se dejó sentir en una sucesión de grandes operaciones. Cargueros, remolcadores y embarcaciones de distinto tipo fueron interceptados a cientos de millas de las islas con alijos de varias toneladas de cocaína, en algunos casos gracias a la cooperación con agencias extranjeras que aportaron información clave sobre movimientos sospechosos en alta mar. A ello se sumaron investigaciones en tierra que destaparon redes asentadas en el propio archipiélago, dedicadas tanto a recibir la droga como a blanquear los beneficios a través de empresas pantalla, inmuebles y vehículos de lujo.
La incautación de este carguero encaja en ese mismo patrón. Los grupos criminales buscan buques con bandera de conveniencia, tripulaciones multinacionales y rutas que discurren por aguas internacionales para reducir el riesgo de ser interceptados. Frente a ellos, España ha reforzado en los últimos años su dispositivo naval y policial en el Atlántico, con patrullas de larga duración y unidades especializadas capaces de abordar barcos en condiciones complejas, a menudo de noche y con mar adversa.
El operativo de esta semana ilustra bien esa dinámica. Intervenir un carguero a más de quinientos kilómetros de la costa exige una coordinación milimétrica entre la Armada, que aporta el buque y la capacidad de navegación, y la Policía Nacional, que pone a los agentes entrenados para el asalto y la inspección. El Rayo, uno de los buques de acción marítima diseñados precisamente para este tipo de misiones, sirve de plataforma para helicópteros, lanchas rápidas y equipos de intervención.
La información oficial, de momento, es parca. No se han facilitado detalles sobre la nacionalidad del buque, la identidad de los tripulantes ni el puerto al que se dirigía. Tampoco se ha precisado si ha habido detenciones en el momento del abordaje o si la investigación apunta a una red más amplia con ramificaciones en Europa o en América Latina. Sí está claro, en cambio, que una operación de este calibre rara vez es un hecho aislado: detrás suele haber meses de seguimiento, escuchas y análisis de movimientos financieros.
Una carrera de fondo
El golpe supone un duro revés económico para la organización responsable del envío. Siete toneladas de cocaína equivalen, en el mercado europeo, a cientos de millones de euros una vez distribuida al por menor. Pero también refleja la capacidad de adaptación del narcotráfico, que continúa apostando por envíos cada vez más voluminosos para compensar las pérdidas que provocan las incautaciones.
Para las fuerzas de seguridad, el desafío es sostener esa presión en un escenario tan vasto como el Atlántico. Cada carguero interceptado es una victoria, pero también una prueba de que la autopista marítima de la cocaína sigue activa. En ese pulso constante, Canarias ocupa una posición incómoda y estratégica: frontera sur de Europa, plataforma de tránsito y, al mismo tiempo, primera línea de un combate que se libra a cientos de kilómetros de la costa, entre radares, satélites y buques que cruzan el océano cargados de mercancías legales… y, a veces, de toneladas de droga.
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