Salarios justos, conciliación y estabilidad laboral: así será la Ley de Empleo de Calidad de la UE que deberá aplicar España en 2026

La Unión Europea avanza hacia una nueva regulación laboral con la que pretende reforzar la calidad del empleo en los Estados miembros, incluida España. La Comisión Europea ha puesto en marcha una hoja de ruta que servirá de base para la futura Ley de Empleo de Calidad, una norma que previsiblemente se presentará en 2026 y que actualizará el marco europeo de protección de los trabajadores en un contexto marcado por la digitalización, la transición verde y los cambios demográficos.

La iniciativa forma parte de las prioridades sociales de la Comisión y se apoya en los análisis realizados en el marco del Semestre Europeo, donde Bruselas viene advirtiendo de deficiencias estructurales en los mercados laborales, como la precariedad, la falta de estabilidad o las dificultades de conciliación.

Según la Comisión, mejorar la calidad del empleo no solo tiene un impacto directo en el bienestar de los trabajadores, sino que también favorece la productividad, la innovación y la competitividad de las empresas en economías como la española.

Aunque la futura ley aún no tiene un texto definitivo ni un formato jurídico cerrado, el Ejecutivo comunitario ya ha definido los principios que guiarán su elaboración y el calendario aproximado para su desarrollo. El objetivo es que la norma complemente y modernice las reglas mínimas actuales de la UE en materia laboral, respetando al mismo tiempo la diversidad de los sistemas nacionales y el papel de los interlocutores sociales.

Qué entiende la UE por “empleo de calidad”

La Comisión Europea ha delimitado una serie de elementos que considera esenciales para definir un empleo de calidad. Entre ellos figura, en primer lugar, una remuneración justa, que permita a los trabajadores mantener un nivel de vida adecuado. A ello se suman condiciones de trabajo seguras y saludables, con especial atención a la prevención de riesgos laborales y a la protección frente al estrés y otros factores psicosociales.

Otro de los pilares es la seguridad en el empleo, entendida como estabilidad y previsibilidad en la relación laboral, junto con medidas que faciliten la conciliación entre la vida profesional y personal. La igualdad de género, el acceso a la formación continua y al desarrollo profesional, así como una protección social sólida y la cobertura de la negociación colectiva, completan el marco conceptual que maneja Bruselas.

Estos principios no son nuevos en el ámbito europeo, pero la Comisión considera necesario reforzarlos y adaptarlos a las nuevas realidades del mercado de trabajo, como el teletrabajo, el uso de algoritmos en la gestión de personal o la expansión de formas de empleo no tradicionales.

Calendario y desarrollo de la futura ley

El proceso para llegar a la Ley de Empleo de Calidad será gradual. Tras la presentación de la hoja de ruta, la Comisión ha abierto una fase de consulta con los interlocutores sociales, en la que sindicatos y organizaciones empresariales pueden aportar su visión sobre las prioridades y el alcance de la futura normativa. Esta fase se prolongará durante los primeros meses de 2026.

Una vez concluido ese diálogo, Bruselas prevé presentar una propuesta legislativa formal a lo largo de 2026. A partir de ese momento, el texto deberá ser negociado por el Parlamento Europeo y el Consejo, lo que implica que su aprobación definitiva y su aplicación efectiva podrían extenderse más allá de ese año.

Desde la Comisión subrayan que la futura ley se complementará con medidas no legislativas, como recomendaciones, financiación o apoyo técnico, para facilitar su implantación y para que los empleos en la UE sigan siendo “seguros, justos y preparados para el futuro”.

Impacto y límites de la iniciativa

El Ejecutivo comunitario insiste en que la nueva ley buscará un equilibrio entre la protección de los trabajadores y el apoyo a la competitividad, con especial sensibilidad hacia las pequeñas y medianas empresas. También recalca que no pretende sustituir las legislaciones nacionales, sino establecer un marco común mínimo que pueda adaptarse a cada país.

A falta de conocer el contenido concreto de la propuesta, la iniciativa ha sido bien recibida en términos generales por su objetivo de reforzar los derechos laborales, aunque algunos expertos y organizaciones sociales advierten de que su eficacia dependerá del grado de concreción de las medidas y de su aplicación real en los Estados miembros.