La ciudad de Badalona, Barcelona, vive una crisis social y humanitaria sin precedentes. Tras el desalojo el pasado 21 de diciembre del B9, el mayor asentamiento informal de Cataluña, aproximadamente 400 migrantes se han visto obligados a dormir en la calle, bajo puentes y en edificios ocupados de manera temporal.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que su Ejecutivo trabaja para atender la situación de crisis social derivada del desalojo del antiguo instituto B9 en Badalona. Illa ha pedido “calma” a los vecinos y ha insistido en que se garantizará el cumplimiento de la ley, subrayando que “la irresponsabilidad no sale gratis, tiene consecuencias”, en clara alusión al alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol.
Según ha explicado Illa, se ha alcanzado un acuerdo con entidades sociales para realojar a parte de los más de 400 desalojados que permanecían bajo el puente de la autovía tras el cierre del asentamiento. El presidente ha adelantado que en las próximas horas se observarán “signos palpables” de mejora de la situación y ha recalcado que el Govern velará por la convivencia de acuerdo con “los valores humanistas que sustentan la acción de su Ejecutivo”.
No hay suficientes camas
El president ha confirmado que va a ofrecer alojamiento temporal a los desalojados, en un local cedido por la Iglesia, que funcionara como centro de pernocta desde las 20:00 de la tarde hasta las 8:00 de la mañana. Una situación muy similar a la que se vivió en Madrid con las personas sin hogar que dormían en el Aeropuerto de Barajas.
Sin embargo, no todos los afectados tienen una cama asegurada. Carles Sagués, portavoz de la entidad Badalona Acull, ha alertado en 3catinfo de que el dispositivo de emergencia deja fuera a cerca de un centenar de personas que siguen durmiendo bajo el puente de la C-31.
Mientras tanto, la tensión en las calles aumenta. El lunes, después de ser desalojados, un grupo de migrantes okupó el albergue municipal Can Bofí Vell, cerrado desde hace años. Según Albiol, los ocupantes “reventaron la alarma” y se presentaron con abogados para reclamar el acceso. Vecinos y manifestantes a favor de los desalojados se enfrentaron en concentraciones separadas por un cordón de Mossos d’Esquadra, en un clima de crispación y acusaciones mutuas sobre la seguridad en la zona.
Abandono institucional a los migrantes más vulnerables
Pero el conflicto hace visibles raíces más profundas. El abandono institucional de los migrantes más vulnerables. El B9 había sido, durante más de dos años, un refugio improvisado para cientos de personas que se veían obligadas a moverse constantemente a causa de los desalojos.
Tras la intervención policial, la mayoría de ellos se ha quedado en la calle, sin alternativas de alojamiento ni soluciones a largo plazo. Para muchos, la ciudad se ha convertido de nuevo en un recorrido de miseria, mientras la administración local prioriza la visión de “problema de delincuencia” sobre la asistencia social.
La crisis ha puesto de relieve la labor silenciosa pero vital de las entidades sociales, que siguen trabajando para dar respuesta a las necesidades básicas de los afectados, desde alojamiento temporal hasta alimentación y acompañamiento social. Pero, como advierten los activistas, la solución de fondo requiere políticas públicas efectivas que garanticen vivienda digna y protección a los migrantes, más allá de parches de emergencia.
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