
El Gobierno de Extremadura ha cesado este miércoles al chófer oficial de la presidenta de la Junta, María Guardiola, después de confirmarse que el trabajador había sido condenado por un delito de violencia de género contra su expareja. La decisión se ha adoptado tras conocerse la existencia de una sentencia firme por “coacciones leves”, un extremo del que, según ha asegurado el Ejecutivo autonómico, la presidenta no tenía conocimiento previo. El cese se ha producido horas después de que el asunto trascendiera públicamente a raíz de una información publicada por El Plural y de las reacciones políticas posteriores.
La Junta de Extremadura ha remitido un comunicado en el que sostiene que Guardiola desconocía tanto los hechos como la existencia de una condena relacionada con su conductor. En la misma nota se explica que fue el propio trabajador quien informó este miércoles a la presidenta mediante un correo electrónico y, posteriormente, en una conversación telefónica, en la que reconoció la condena, ya cumplida, y pidió disculpas por no haber comunicado antes esa circunstancia. Tras ese intercambio, el empleado se puso a disposición de la presidenta y se procedió de manera inmediata a su cese.
El consejero de Presidencia y secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ya había adelantado a primera hora de la mañana que el chófer sería cesado de forma inmediata si se confirmaba la veracidad de la condena. Bautista subrayó entonces que el Gobierno regional estaba comprobando la información y que, en caso de confirmarse, no habría “ninguna otra opción” que apartarlo del cargo.
La condena
Según la información publicada por El Plural, el chófer de la presidenta fue condenado por violencia de género contra su expareja a seis meses de orden de alejamiento, treinta días de trabajos en beneficio de la comunidad y la retirada del permiso de armas. Además, el medio señala que el trabajador figura en el sistema VioGén, la herramienta del Ministerio del Interior destinada a la protección y seguimiento de las víctimas de este tipo de violencia.
Bautista afirmó inicialmente que la presidenta no tenía conocimiento de la inclusión del conductor en dicho sistema ni de la condena. “No sabemos tampoco si es verdad. En este momento se está indagando esta cuestión para comprobar si es verdad o no es verdad”, declaró ante los medios, antes de que el propio trabajador confirmara los hechos a Guardiola. Una vez aclarada la situación, el cese se hizo efectivo en el mismo día.
Desde el PP extremeño se ha insistido en que la actuación ha sido inmediata y sin matices. Bautista recalcó que en su partido “ni se oculta, ni se meten los cajones, ni se archivan las denuncias”, y defendió que cuando se detecta una situación de este tipo se actúa de forma fulminante “sea quien sea la persona”. Estas declaraciones se producen en un contexto de especial sensibilidad política por los casos de violencia machista y acoso que han salpicado recientemente a distintos partidos.

El asunto ha sido también objeto de crítica por parte del PSOE de Extremadura, que se hizo eco de la información y reclamó explicaciones públicas a la presidenta. El portavoz del Comité Electoral socialista, Antonio Rodríguez Osuna, pidió aclarar la veracidad de los hechos y las circunstancias en las que se produjo la contratación del conductor. Desde el entorno de Guardiola se ha señalado que la presidenta se reserva el derecho a emprender acciones legales por injurias y calumnias a raíz de algunas informaciones publicadas.
El entorno de la presidenta bajo escrutinio
El cese del chófer no es el único asunto que en los últimos días ha situado bajo el foco al entorno de la presidenta extremeña. También ha generado controversia el viaje oficial a Japón en el que Guardiola estuvo acompañada por su marido. Abel Bautista explicó que el desplazamiento tuvo carácter oficial y que toda la documentación ha sido aportada a la Asamblea de Extremadura, pero precisó que el esposo de la presidenta no formaba parte de la delegación institucional.
Según el secretario general del PP extremeño, el marido de Guardiola se pagó íntegramente su viaje, su alojamiento y el resto de gastos, sin que supusiera ningún coste para las arcas públicas. “Cualquiera puede ir con la presidenta de la Junta siempre y cuando se pague sus gastos”, señaló Bautista, en respuesta a preguntas de los periodistas tras la publicación de la información por El Plural.
En paralelo, en el ámbito político regional también ha trascendido la presencia en las listas del PP para las elecciones autonómicas de Manuel Naharro, presidente provincial de Badajoz, a quien se atribuyen comportamientos de acoso sexual. Desde el PSOE se ha exigido su retirada de la candidatura y la apertura de una investigación interna para depurar responsabilidades por haber mantenido el caso en silencio durante meses.
De la contratación al cese
La polémica en torno al chófer se produce cuando aún no se ha cumplido un mes desde que se conociera públicamente su nombramiento como conductor oficial de la presidenta. Según documentos de transparencia de la Junta de Extremadura, el trabajador fue contratado el 23 de julio de 2023, apenas una semana después de que María Guardiola tomara posesión del cargo, con una retribución anual de 34.735,40 euros.
Antes de incorporarse al Ejecutivo autonómico, el ahora cesado regentaba una churrería en Cáceres, situada en la avenida Isabel de Moctezuma. Además, distintas informaciones apuntan a que se trata de un familiar político lejano de la presidenta, un extremo que ha añadido más controversia a la decisión de su contratación inicial y al debate político generado en torno a este caso.
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