
Los Mossos d’Esquadra han procedido al desalojo más grande registrado hasta la fecha en el asentamiento de inmigrantes en el antiguo Instituto B9 de Badalona. El operativo desplegado desde las siete horas de la mañana ha dejado a 15 detenidos, por la Ley de Extranjería, y a 181 identificados que permanecían en el recinto. Aunque ese calcula que vivían alrededor de 400 personas en el edificio desde hace dos años y medio hasta que el juzgado dio la orden de desahucio.
La resolución, firmada el 12 de diciembre por el Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona, autoriza al Ayuntamiento de Badalona, gobernado por Xavier García Albiol (Partido Popular), a recuperar el inmueble para su próxima demolición. Siguiendo la orden judicial, decenas de furgonetas de los Mossos, coordinadas por la Policía Nacional y la Guardia Urbana de la ciudad, mantuvo un cordón policial para proceder al desalojo en un horario diurno, como indicaba la sentencia.
En total se ha precisado de la participación de 55 efectivos, de los cuales 32 eran de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, 6 para funciones de seguridad y protección, 9 de Policía Científica y 8 de la Brigada Local de Información. Una vez que todos los ocupantes salieron, sobre las 11, la Unidad Canina de la policía autonómica accedió al edificio y finalizó sus tareas a las 13 de la tarde.

El alcalde de Badalona no gastará “un solo euro” en los desalojados
Unos minutos después de que finalizase la operación, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha señalado la necesidad de fortalecer la coordinación entre las administraciones públicas y las organizaciones del tercer sector social. Además, considera “especialmente grave” que el desalojo se haya llevado a cabo en plena ola de frío tras las fuertes lluvias que vivió el municipio el día anterior. “Echar a personas sin ofrecerles una alternativa de vivienda las condena a vivir a la intemperie en condiciones extremas, con riesgos para su salud y seguridad”, afirman desde la organización.
Por su parte, el alcalde de Badalona se ha desentendido de esta cuestión y ha asegurado que no va a gastar “un solo euro” en las personas desalojadas. Según ha manifestado, esa acción le corresponde al presidente del Gobierno: “Pedro Sánchez y sus socios dicen que tenemos que acoger a todo el mundo, y ahora le corresponde a él buscarles vivienda”, ha dicho ante los medios. Asimismo, ha dejado claro que no va a permitir que esas personas en situación irregular con problemas de incivismo pasen por delante de un vecino de Badalona a la hora de acceder a una vivienda, según la información recabada por Europa Press.
Del mismo modo, ha felicitado a “todos los cuerpos” que han llevado a cabo la operación. “Hemos demostrado que estamos al lado de los vecinos y que cuando hay problemas reales, actuamos dentro de la legalidad”, ha añadido. También ha asegurado que “Badalona no va a ser refugio para la ilegalidad ni para personas conflictivas”. Sus acciones y palabras en contra de la ocupación están respaldadas por el “80-90% de los vecinos están de acuerdo”, según ha remarcado. Por lo que después de soldar las entradas comenzarán con las tres fases para concluir con la aprobación de un proyecto para la construcción de una comisaría.
La Taula, por su parte, considera imprescindible que se garanticen las condiciones de viviendas “dignas”. También pide que se hagan efectivos los compromisos que se establecieron en la cumbre sobre sinhogarismo del Síndic de Greuges la semana pasada. Por lo que exigen “medidas inmediatas y coordinadas que pongan los derechos de las personas en el centro”.
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