La expansión de la Peste Porcina Africana (PPA) en Collserola, en la provincia de Barcelona, comienza a dejar sus primeras consecuencias en el empleo de la región. La empresa de trabajo temporal GCT Plus ha obtenido la autorización de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectará a 458 trabajadores vinculados a compañías cárnicas de Santa Eugènia de Berga (Barcelona). La Generalitat ha validado la medida al considerar que se lleva a cabo por causas de fuerza mayor derivadas de la alerta sanitaria.
Los trabajadores afectados prestaban servicio en cuatro firmas del municipio, que han decidido interrumpir su actividad con estos operarios y devolverlos a la ETT ante la incertidumbre generada por el brote. Con la aprobación del expediente, los trabajadores podrán acceder a la prestación por desempleo mientras dure la suspensión.
El sector ya comenzaba a mostrar signos de tensión desde que trascendió que una de las grandes compañías de la zona, Grupo Jorge, había optado en los primeros momentos de la crisis por no renovar a 300 empleados temporales procedentes igualmente de empresas de trabajo temporal.
El sector, entre la contención sanitaria y el impacto económico
La aparición del virus en la fauna salvaje de la zona a finales de noviembre mantiene en alerta a una industria clave para la economía catalana. La Generalitat ha sostenido esta semana que la situación está bajo control, aunque el impacto económico empieza a hacerse visible para las exportaciones porcinas de todo el país. Las organizaciones agrarias, por su parte, estiman pérdidas de unos 24 millones de euros semanales en España, una cifra que deja clara la magnitud del golpe para un sector que depende en gran medida de la estabilidad sanitaria.
En una reunión celebrada el pasado martes entre representantes ganaderos y el Govern, los responsables del sector consideran que el trabajo conjunto entre administración, veterinarios y granjas ha permitido encapsular el brote en la zona de Collserola antes de que alcanzara las explotaciones comerciales.
En cuanto a los apoyos públicos, la Generalitat ha puesto en marcha un programa específico dotado con diez millones de euros, con la posibilidad de duplicar esa cuantía si la situación lo requiere. El objetivo es amortiguar el golpe económico que la PPA está causando en el tejido productivo catalán. Paralelamente, el Institut Català de Finances ha ampliado su línea de créditos dirigida a compañías afectadas por emergencias climáticas para que también puedan acceder a ella las empresas y entidades perjudicadas por el brote vírico.
El desplome de precios agrava la tensión en las explotaciones
Aun así, la preocupación por los efectos económicos es cada vez mayor. Rossend Saltiveri, de Unió de Pagesos, y Pere Roqué, de Asaja Cataluña, subrayan que el mercado ha reaccionado de inmediato a la incertidumbre. La lonja de referencia en España, Mercolleida, ha ajustado a la baja el precio del kilo de cerdo, que ha pasado a 1,10 euros tras una caída de 20 céntimos. Esa corrección, explican, se traduce en una merma millonaria para los ganaderos, ya tensados por el incremento de costes y por la fragilidad de los mercados exteriores.
El episodio sanitario ha abierto un nuevo frente en una industria que combina un fuerte peso exportador con una alta sensibilidad a cualquier perturbación. Mientras avanzan los controles y las restricciones sanitarias, empresas y trabajadores permanecen pendientes de cómo evolucione un brote que ya se empieza a notar más allá de las granjas.
*Con información de EFE.
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